Instituciones que albergan víctimas de violencia doméstica sienten los efectos de la crisis fiscal.

violencia_domestica-300x1991EL CAPITOLIO – La senadora Maritere González López, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer presentó el jueves, al pleno del Senado los resultados de una investigación realizada en conjunto con la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la situación de las instituciones especializadas en servir a las víctimas de violencia doméstica.

“En promedio, una mujer albergada con tres menores en una de estas instituciones, tiene un costo estimado de 7,500 dólares durante tres meses. Si la persona es inmigrante, los gastos son mayores, puesto que no cuentan con fondos del Programa de Asistencia Económica, Plan WIC o planes de servicios médicos. Una de las sugerencias que hacen los mismos oficiales de los albergues es que se adopte el modelo de trabajo del gobierno de México, donde la asignación de fondos es recurrente, de manera que no se interrumpan los servicios y se pueda trabajar a largo plazo. De igual forma, se presenta la alternativa de asignación de fondos basado en la cantidad de servicios que ofrezcan los hogares de acogida. Recordemos que en tiempos de ajustes fiscales, estamos hablando de casos que pueden significar la vida o la muerte, así las secuelas de la violencia en menores de edad”, destacó la senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla en un comunicado de prensa.

La investigación se realizó a la luz de la Resolución del Senado 911, de su autoría, radicada con el propósito de conocer en detalle la situación y servicios que ofrecen estas instituciones. También se analizaron los criterios de la otorgación de donativos legislativos. Se desprende de dicha investigación que en Puerto Rico existen 10 instituciones especializadas en albergues de emergencia para las familias víctimas de violencia doméstica y que cuentan con personal adecuado para atender a dichas personas, así como variedad y alternativas de servicios, basados en la disponibilidad de recursos para su mantenimiento. En vista de que los fondos legislativos asignados no son suficientes para su funcionamiento, las instituciones procuran allegarse además fondos federales y donativos privados. Las instituciones analizadas en el estudio fueron la Casa Protegida Julia de Burgos, Casa Protegida Luisa Capetillo, Red de Albergue de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Casa Protegida para Mujeres y Niños, La Casa de Todos y Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas. Todas las instituciones requieren ayuda adicional, pero insisten en la importancia que el gobierno debe darle, en vista de que realizan una labor social y comunitaria que libran al aparato gubernamental de ofrecer las mismas.

El informe legislativo destaca además que ya desde el 26 de febrero de 2015 se aprobó la Ley 20-2015 que crea la “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”, a los fines de establecer los procedimientos, requisitos y criterios para la evaluación de propuestas. “Previo a esta ley, la Legislatura asignaba donativos sin establecer un orden de prioridades ni un procedimiento uniforme. Son más de 900 las instituciones que reciben estos donativos y son parte de ese tercer sector que impactan a 800,000 personas anualmente y representan el 5.35 por ciento del Producto Nacional Bruto, según una publicación de Estudios Técnicos, Inc.”, explicó la legisladora popular.

La legisladora presentó además una realidad “y es que en tiempos de crisis y ajustes fiscales, es cuando más hace falta la labor de ayuda de las organizaciones sin fines de lucro, para tratar de compensar la desmovilización de recursos financieros. Esta es una tendencia mundial, que hay sido estudiada por la Organización de las Naciones Unidas y es parte del informe que presentamos hoy al pleno del Senado”. En Estados Unidos, el presidente Obama impulsó el ‘Social Innovation Fund’ en donde los fondos federales que se invierten están basados en rendición de resultados, mediante pruebas rigurosas. Nosotros también debemos movernos a eso, para premiar los resultados”.

Finalmente, González López desacó que “las luchas del tercer sector son unas largas y constantes, pero es nuestro compromiso seguir trabajando junto las mismas para que sus servicios no se interrumpan, por un lado y proyectarse al futuro, toda vez que la sociedad es un ente en constante cambio”, finalizó la también presidenta de la Comisión de Educación y Formación del Individuo del Senado. La senadora agradeció la labor realizada por el equipo senatorial que realizó el exhaustivo estudio.

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