Auditoría al Departamento de Agricultura revela incumplimientos del envío de informes anuales

SAN JUAN – El Informe de Auditoría de la Contralora de Puerto Rico DA-16-06 reveló el viernes que el Departamento de Agricultura no remitió Informes anuales al Gobernador, ni a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ni a la Legislatura desde el 2012 al 2014.

Además, al 31 de diciembre de 2014 la secretaria de Agricultura, Myrna Comas, no había nombrado a los representantes de la Junta Consultiva de la Oficina para la Representación de la Industria Lechera (ORIL), según lo ordena la Ley 34 de 1957.

Al respecto de la ORIL, el Informe indica en un comentario especial, que el Gobierno no ha cumplido el acuerdo con las elaboradoras de leche en el cual debe pagar $95 millones en un periodo de cuatro años con el propósito de no aumentar el precio de la leche.

Al 31 de mayo de 2015, el Departamento de Agricultura no había recibido los $34 millones que se debieron haber pagado antes del 31 de diciembre de 2014 y realizar los pagos de $15 millones correspondientes al 2015. Este comentario se le refiere al Gobernador para que tome las medidas que correspondan conforme a la Ley núm. 147.

La auditoría indica además, que de 2006 al 2014, el Departamento realizó desembolsos de fondos federales por $6.9 millones, sin embargo contrató tardíamente (de 290 a 2,304 días) los servicios de una firma de contadores públicos autorizados para realizar los single audits de esos años fiscales. Esta situación impidió al Departamento cumplir con su responsabilidad de realizar los single audits y remitirlos a la agencia federal designada en los términos establecidos.

Otros de los hallazgos revelan tardanzas en la remisión de contratos a la Oficina del Contralor, deficiencias de Auditoría Interna y funciones conflictivas, y atrasos en la preparación de las conciliaciones mensuales.

La auditoría de 10 hallazgos y tres comentarios especiales incluye fotos de los almacenes de Caguas, Naranjito y Utuado que no se incluyeron en la toma del inventario físico del 2014 porque estaban desorganizados. Esta situación es una de las que se señalan con respecto a desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con la propiedad y que tienen el efecto de que aumenta el riesgo de pérdida, uso indebido o irregularidades con la propiedad.

La opinión de la Contralora es favorable con excepciones y el informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

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