AIPR advierte que medidas de ajuste fiscal podrían violentar los derechos humanos de las personas

SAN JUAN – La sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional hizo un llamado el miércoles, al Gobierno de Puerto Rico a que revise las propuestas de ajustes fiscales considerando sus posibles efectos en los derechos humanos de los ciudadanos y residentes.

“Decisiones desacertadas en el pasado y presente en el manejo del presupuesto colocó a Puerto Rico en una crisis de insolvencia económica que pudiera dejarnos, en un futuro cercano, sin los recursos suficientes para afrontar la totalidad de sus obligaciones. Según experiencias aprendidas en otros países, medidas regresivas en términos de los derechos laborales, recortes en los ingresos a los ciudadanos y en la inversión en el gasto social, generan más marginación de los grupos de población más pobres y vulnerables, como menores, migrantes, mujeres y personas discapacitadas, entre muchos otros grupos y, por consiguiente, más violaciones de sus derechos”, indicó Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional Puerto Rico en un comunicado de prensa.

Indicaron que los gobiernos no deben utilizar la escasez de fondos como pretexto para no garantizar a los ciudadanos y residentes de un país un nivel mínimo de protección en todas las áreas de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, el agua potable, la educación, los servicios de salud y la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se hace eco de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y cuestiona en términos generales los recortes sociales en respuesta a la crisis.

“Hasta la fecha las medidas presentadas de ajustes fiscal no contienen un análisis, ni propuestas concretas de cómo el Estado planifica paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población, ni establecen la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos sean el fundamento de cualquier recuperación económica. Entendemos que el país se encuentra en una situación económica difícil. Sin embargo, este no es una excusa para que el Estado no garantice los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, abundó Santiago.

El director también recalcó la importancia en proteger los derechos laborales de los trabajadores. Por lo que sostuvo que de adoptarse la medida de congelar el salario mínimo a menores de 25 años en una cifra que no permite un nivel de vida digno, es condenarlos a la dependencia y a la pobreza. “Ninguna persona que trabaje a tiempo completo debe estar bajo los estándares de la pobreza”, agregó Santiago.

Por su parte el licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Junta Directiva de AIPR, abundó que “tampoco vemos en las medidas un análisis de perspectiva de género. Sabemos que las mujeres son sobre representadas en los índices de pobreza, en Puerto Rico y el mundo. Por lo tanto, es imperioso entender como las medidas afectarán a las mujeres para poder combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. Además, nos preocupa que los recortes podrían perjudicar la protección de las víctimas de violencia doméstica por lo que instamos al Estado a garantizar sus derechos”.

Tradicionalmente la educación y la cultura es uno de los sectores más afectados por este tipo de recortes. Por tal razón, AIPR recomienda al Estado que asegure una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano. En este sentido la Universidad de Puerto Rico (UPR) es una activo para el país, no es reduciéndole recursos que vamos a salir de la crisis sino otorgándole un rol protagónico en el desarrollo socioeconómico y exigiendo que responda al país no con austeridad sino con excelencia.

Por último, Burgos recomendó que “las soluciones deben llegar verdaderamente de una coalición multisectorial que incluya al movimiento cooperativo, al sector no gubernamental y a la academia, más que ser un cónclave de los distintos partidos políticos, sin participación ciudadana No obstante, a largo plazo entendemos imprescindible reformular nuestras metas como pueblo y establecer un Plan Nacional de DDHH que sirva como norte para el desarrollo social, económico y político”.

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