PNP advierte posible uso de fondos públicos para defensa de alcaldes “pistoleros”

¿Se debe disciplinar a quién  expresa libremente su manera de pensar o sentir?

¿Se debe disciplinar a quién expresa libremente su manera de pensar o sentir?

SAN JUAN  – El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, alertó el domingo a los alcaldes de Toa Alta y Corozal, señalados en un informe de la Policía de por supuestamente violar la Ley de Armas, que estará bien pendiente a que no se utilicen fondos públicos para costear gastos de representación legal durante el proceso criminal que podría avecinarse.

“Quiero dejar esto claro a estos dos alcaldes, afiliados al Partido Popular Democrático, que fueron referidos por la Policía al Departamento de Justicia por violaciones a la Ley de Armas, estaremos bien pendiente de todas las contrataciones que realizan en sus municipios, muy particularmente, a las asociadas con servicios legales externos. Las arcas municipales no pueden ser utilizadas como una cuenta de banco privada. Estos alcaldes aparentemente violaron la ley en asuntos no relacionados con el municipio, y no es justo que los residentes de sus pueblos tengan que pagar por sus defensas”, señaló el líder estadista mediante un parte de prensa.

Las expresiones del también expresidente de la Cámara de Representantes surgen luego que el superintendente de la Policía, José Caldero, anunciara el jueves, que refirió a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia el informe sobre las acciones ilegales de los alcaldes de Toa Alta, Clemente ‘Chito’ Agosto, y Corozal, Sergio L. Torres.

Varios reportes periodísticos establecen que se pudo haberse incurrido en violaciones a las leyes de Armas, de Ética Gubernamental y al Reglamento 7890 de la Policía, que regula la otorgación de Licencias de Armas a funcionarios públicos.

Aponte Hernández advirtió que los alcaldes no pueden usar fondos públicos para pagar los abogados o utilizar equipo del gobierno de Puerto Rico, como computadoras y celulares, para gestiones personales y su defensa en este caso, tal y como lo establece el Artículo 6, Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico.

El funcionario agregó que esta disposición “prohíbe usar propiedad y fondos públicos para fines que no sean públicos”.

Para concluir, el representante novoprogresista reiteró su llamado a que los dos alcaldes de la pava dimitan a sus puestos para así evitarle a sus respectivos constituyentes el drama de vivir un juicio criminal.

“Ante la seriedad de los cargos que podrían enfrentar, entiendo que estos alcaldes deben renunciar a sus cargos, porque van a tener que estar atendiendo sus defensa que en nada contribuye a su responsabilidad para administrar los municipios y velar por el bienestar del pueblo, y eso no debe suceder”, sostuvo.

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