Denuncia el CUD atropello al sector funerario

cud-centro-unido-logo-300x1931SAN JUAN  – El presidente del Centro Unido de Detallistas, Rubén Piñero Dávila, denunció el jueves, que el sector funerario se ve obligado a incurrir en gastos onerosos a causa de varios reglamentos del Departamento de Salud de Puerto Rico que, incluso, son contrarios a la reglamentación federal aplicable.

“Contrario a la política pública de esta administración gubernamental de simplificar los procesos, el Departamento de Salud coloca en serias dificultades al sector funerario al impactar los costos fúnebres de hacer negocio y encarecer, por tanto, el precio al consumidor”, sostuvo Piñero Dávila en un comunicado de prensa.

Estos planteamientos surgen a raíz de una reunión con las diferentes asociaciones que representan funerarias en la Isla en la que estuvieron presentes la licenciada Agnes Martínez, los asesores del Gobernador Jesús Irizarry Mora y la licenciada María Rivera Corujo; y la señora Edna Díaz, en representación del Registro Demográfico.

Sobre la Cremación, denunció, los documentos para autorizar a las funerarias a realizar las cremaciones se sometían originalmente al Instituto de Ciencias Forenses por internet. Sin embargo, mediante carta normativa, se cambió el procedimiento y en estos momentos hay que enviar los papeles con un transportista o ir personalmente. Este cambio resulta en un costo operacional significativo ya que en cada entrega personal el funerario incurre en un costo de 150 dólares, que impacta igualmente los costos fúnebres al consumidor y va contra la política de la actual administración de gobierno, que es la de simplificar los procesos. Además, encarece los costos funerarios y los costos de hacer negocio.

Sostuvo que en cuanto a los contenedores alternos se usan en el proceso de cremación y son parte de los ataúdes. Contrario a la reglamentación federal aplicable y al propio Reglamento de DACO, la regulación local del Departamento de Salud prohíbe reusar los ataúdes, y tampoco reconoce ni contempla el uso de contenedores alternos, en casos de cremaciones, lo que incrementa los costos, aparte de tener que disponer de ellos en los vertederos.

Igualmente, al presente existen dos estatutos regulatorios contradictorios el uno con el otro. El Funeral Rule Act obliga a todo establecimiento funerario a ofrecer al consumidor la alternativa de un contenedor alternativo ya que resulta menos costoso para el consumidor; mientras que la regulación del Departamento de Salud pone en serio incumplimiento a los establecimientos funerarios respecto a la ley federal.

Tanto las licencias de embalsamador como la de administradores funerarios son requeridas por el Departamento de Salud. En el proceso de adiestramiento para otorgar las licencias se mezclan las dos profesiones. Un administrador no necesariamente tiene que ser embalsamador y viceversa. Este requisito crea serias dificultades en el proceso de licenciamiento y es sumamente costoso. También se está peticionando que el Departamento de Salud otorgue tiempo para renovar las licencias después de vencidas. Actualmente se requiere repetir los adiestramientos aunque tenga un día de vencida. Dichos adiestramientos cuestan cerca de 14,000 dólares.

“Confiamos en que se escuchen los reclamos de este importante sector económico y que el Departamento de Salud reconsidere su postura en la aplicación de las leyes y reglamentos que atañen a los funerarios”, puntualizó el presidente del CUD.

Por su parte, tanto Rivera como Irizarry Mora se mostraron receptivos a las reclamaciones y se comprometieron a ayudar en el proceso.

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