Carmelo Ríos exige al secretario de Justicia se allane a sentencia que declara inconstitucional Ley de Armas.

cesarmiranda-300x1481EL CAPITOLIO  – El senador por el distrito de Bayamón y portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, exigió el jueves, al secretario de Justicia César Miranda a que cese en su empeño de llevar un recurso apelativo, en contra de una sentencia que declara inconstitucional la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404-2000.

“En la exposición de motivos de aquella legislación, establecí que era imperativo atemperar la Ley de Armas en la Isla ante una determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que decretó la posesión y portación de armas como un derecho protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Tres años después, somos testigos como un tribunal local concurre con nuestra opinión que la Ley 404-2000, tal y como está dispuesta, impone requisitos onerosos y desproporcionados, distintos a los de los demás ciudadanos americanos del continente, siendo esta inconstitucional”, dijo el senador Ríos en un comunicado de prensa.

Señaló el legislador y abogado de profesión, que tal y como advirtiera hace tres años cuando radicara el entonces Proyecto del Senado 2466, -proyecto de ley que establecía la Ley Constitucional de Armas de Puerto Rico- un Tribunal de Primera Instancia puertorriqueño tuvo la valentía de declarar inconstitucional varios artículos de la Ley 404, entendiendo que los mismos menoscaban derechos ciudadanos cobijados por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Denunció además que el secretario de Justicia, ignorando la clara sentencia del Tribunal, insistió en solicitar un recurso de reconsideración a dicho tribunal de instancia, siendo el mismo denegado, añadiendo, que no teniendo éxito el Secretario de Justicia en esa gestión, de forma irracional y selectiva, se propone a apelar la misma.

“Ahora, hemos conocido que de forma selectiva e irracional, es su intención elevar su vago argumento al foro apelativo, en claro menosprecio a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, creyéndose capaz de escoger cuales derechos protege y cuales no.” “El Secretario de Justicia como abogado sabe que ese recurso apelativo no tiene razón, y que va contra sus propios precedentes en cuanto a decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que su insistencia en este caso, poco tiene como que ver con argumentos de derecho.” Denunció el senador.

El también ex presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Carmelo Ríos, exigió además, que tanto el Departamento de Justicia de Puerto Rico, como otras autoridades concernidas como la Policía de Puerto Rico, deben allanarse a la sentencia del Tribunal de Instancia, y no acudan en un recurso de apelación a la misma. De igual forma, requirió que se establezca de forma expedita, un nuevo proceso de otorgación de licencias, tal y como está dispuesta en la sentencia, cónsono con la reglamentación de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), a fin de que el proceso ya establecido, -conocido por las armerías de Puerto Rico, y altamente regulado por las entidades federales y estatales-, sea el que impere en adelante, utilizando el formulario 4473 que provee esta agencia federal, como único requisito procesal para la obtención de licencias de armas de fuego en Puerto Rico.

“El no acceder a estas peticiones, no solo demostraría el abierto menosprecio a lo que claramente es un derecho constitucional de todo ciudadano americano, sino que se contradice, con otros esfuerzos en la misma dirección de consecución de derechos ciudadanos, convirtiendo su política pública en una selectiva, escogiendo arbitrariamente que derechos constitucionales protege y cuáles no.” Sentenció el portavoz alterno del PNP.

“Nuevamente, no empece a que el gobierno ignoró hace tres años una decisión del más alto tribunal de nuestra nación, y que reiteradamente, esta Asamblea Legislativa se ha negado en tomar la acción correspondiente para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico al uso y disfrute de un arma de fuego, y ante la vigencia de una decisión de un tribunal local reiterando la inconstitucionalidad de esta ley, requerimos la acción inmediata para establecer el remedio legal y procesal pertinente, tal y como se dispone en la sentencia, estableciendo que en Puerto Rico es un derecho fundamental y no un privilegio la posesión, portación y uso de armas de fuego para la defensa, deporte y disfrute de todos los ciudadanos americanos que aquí residen.” Concluyó el senador por el distrito de Bayamón.

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