Cámara continúa análisis de proyecto que busca fortalecer la transparencia en el servicio público

Deponentes_lcda_Rosabelle_Padín_de_ASUME_y_lcda_Luccianna_Rechaly_de_OATEL CAPITOLIO – La Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el representante José “Conny” Varela, prosiguió el miércoles, con el análisis del Proyecto de la Cámara 2469, medida que establece la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transparencia del acceso a la información pública y la rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública.

La legislación que fue presentada por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes, procura fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público de Puerto Rico, de manera integrada y coherente.

A la vista compareció la licenciada Miriam Hernández, de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) quien presentó una ponencia firmada por la licenciada Rosabelle Padín Batista, administradora de ASUME, favoreció la medida, ya que protege y garantiza el derecho de todo ciudadano a acceder la información pública para la implementación de una política que favorezca la transparencia del gobierno.

“Con el proyecto, se nos presenta la oportunidad de contar por vez primera con legislación especial que expresamente reconozca el derecho al acceso a la información pública como uno autónomo y fundamental, a la vez que disponga claramente las excepciones bajo las cuales el estado pudiera mantener ciertos documentos fuera del escrutinio público”, dijo Padín Batista.

Mientras, que la licenciada Luccianna Rechany, en representación de la Administración de los Tribunales (OAT), presentó un memorial firmado por la directora administrativa de los Tribunales, licenciada Isabel Llompart Zeno, quien presentó objeciones a las definiciones de la pieza, y recomendó que de aprobarse la medida, se excluya a la Rama Judicial de la aplicación de la ley.

“Consideramos que toda legislación que se promueva para lograr el acceso a la información pública y promover la transparencia y rendición de cuentas de la actividad del gobierno, debe disponer de forma clara y consecuente las obligaciones que se imponen a cada rama de gobierno, al igual que los procesos a seguir para hacer valer los mismos. Lo anterior garantizará una interpretación uniforme de dichas obligaciones lo cual, a su vez, brindará mayores garantías de cumplimiento con los propósito de la ley, sin sacrificar el carácter de confidencialidad que pudieran tener ciertos documentos y comunicaciones, o cuya divulgación pudiera afectar el buen funcionamiento de las Ramas de Gobierno y los derechos de los ciudadanos concernidos”.

A preguntas del Representante Varela, Rechanny señaló que las definiciones incluidas sobre los documentos y procesos que puedan ser accesados por el público, deben ser aclaradas de modo que se defienda no solo el derecho de acceso a información gubernamental, sino también el derecho de confidencialidad que cobija a los ciudadanos.

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