Urgen a Justicia y Ética Gubernamental a actuar inmediatamente ante referido contra alcaldesa de Ponce

contralora_yesmin_valdivieso_noticel-300x150Ponce – La delegación del Partido Popular Democratico (PPD) en la Legislatura Municipal de Ponce urgió al Departamento de Justicia a darle prioridad al referido de la Oficina de la Contralora contra la alcaldesa Maria E. Melendez Altieri por serias deficiencias en el manejo de las finanzas del gobierno municipal.

El informe de auditoría dado a conocer por la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso revela que el Municipio de Ponce tenía un déficit acumulado en el Fondo Operacional correspondiente a los años fiscales 2011-12 y 2012-13 por $18,480,789 y $36,280,976.

Asimismo, informó que la alcaldesa Meléndez Altieri concedió exenciones para el pago de arbitrios de construcción por $1,983,781 a 15 dueños de proyectos cuando se supone que pagaran al Municipio $2,636,190 en arbitrios de construcción por dichos proyectos, pero pagaron $652,409.

“Hace tiempo que vengo haciendo estos señalamientos y querellas y ya era tiempo que formalmente la Contralora hiciera los referidos a Justicia y a la Oficina de Etica Gubernamental”, dijo Luis M. Irizarry Pabón, portavoz del PPD en la Legislatura Municipal.

Para Irizarry Pabón, la alcaldesa y su equipo “han sido protegidos, por decirlo así, pero la verdad no aguanta mas cuando la evidencia de la mala administración e ineptitud en el manejo de las finanzas publicas todos la conocemos en Ponce”.

“Urgimos al Departamento de Justicia que actúe con prontitud en la investigación del caso de la alcaldesa de Ponce. Hay que evitar que esta alcaldesa, por su mala ejecutoria, vuelva a ser candidata a la reelección”, sentenció el portavoz popular.

El informe de contraloría mencionó que de febrero de 2009 a junio de 2012, se le pagó la suma de $40,706 en exceso a la secretaria de la Legislatura Municipal. Dicha persona estaba pensionada por años de servicio del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, por lo tanto, su sueldo no podía ser menos de 1,629 dólares, pero no más de 2,607 dólares, según la Resolución Interna 5 del 15 de diciembre de 1999 de la Legislatura Municipal.

Irizarry Pabón dijo que como legisladores de minoría “estamos a ajenos a esos manejos”

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