Reitera Bernabe necesidad de moratoria y renegociación habilitante de la deuda Escrito por Antonio Luis Negrón Cruz

Rafael-BernabeSAN JUAN – El excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe reiteró el miércoles, sus propuestas en torno a cómo debe llevarse a cabo la renegociación de la deuda, tal como la colectividad la ha planteado durante el pasado año, para que sea un proceso que habilite la economía de Puerto Rico en lugar de empobrecer aun más al país y destruir sus posibilidades de recuperación.

“Los dos informes que se han hecho públicos esta semana, el informe Krueger y el mensaje del gobernador, tocan tres temas cuya importancia el PPT ha destacado durante el pasado año y el año en curso: la necesidad de atender el problema de la deuda, la necesidad de atacar los problemas de fondo de la economía, la necesidad de una reforma gubernamental. El problema es que, en estos tres temas, las propuestas del gobierno y sus asesores se quedan cortas o van en la dirección incorrecta”, explicó el portavoz del PPT, Rafael Bernabe, en un comunicado de prensa.

El excandidato a la gobernación tomó por ejemplo el tema de la deuda y la economía. “Sobre el tema de la deuda, desde enero de 2014 hemos reiterado que la deuda de Puerto Rico es insostenible por varias razones, porque pagarla afecta los servicios que el país necesita, porque pagarla como fue contraida impide estimular el crecimiento necesario para pagarla, y porque el impago era y es inevitable. Por eso planteamos que en lugar de imponer más sacrificios al pueblo trabajador con medidas como la ley 66, la crudita, el IVU agrandado había que plantear una renegociación de la deuda. Se nos dijo por año y medio que la renegociación era imposible, que la constitución no lo permitía, que era muy complicado al ser muchas deudas, que dañaría el crédito de Puerto Rico, que provocaría demandas. Ahora el Gobernador y el informe Krueger reconocen que la deuda es impagable y que debe ajustarse y se recomienda una negociación integrada de todas las deudas, que es lo que señalamos hace tiempo”, señaló.

Según Bernabe, “el problema está en que el gobernador se queda a mitad del camino. Habla de lograr una moratoria voluntaria. Pero, ¿qué pasará si los acreedores no aceptan tal petición? La realidad es que basta con el anuncio del gobernador para que ya ninguno de estos inversionistas preste más dinero al gobierno en este momento. Por tanto, el gobierno debe considerar el arma de la moratoria unilateral, a la cual tenemos derecho como deudores, que también provocará demandas, las que ya tenemos que enfrentar sin haber hecho tal declaración. Eso no cierra las negociaciones sino que obliga a que todos se sienten a negociar con nosotros y le da más fuerza al planteamiento correcto de que si no nos ayudan a recuperar la economía de Puerto Rico menos podrán recuperar ellos de su inversión.”

En segundo lugar, el profesor universitario también apuntó a que el gobernador parece “limitar la moratoria a un aplazamiento de los pagos que se desconoce si implicará intereses por los atrasos”. “Nos parece que renegociar debe ir más allá. Hay que poner sobre la mesa los intereses y el principal, que también debemos aspirar a renegociar. El gobierno debe invocar, nos aplique o no, el principio de la ley de quiebras de que los deudores tienen derecho a un nuevo comienzo, un ‘fresh start’, de que no se les puede esclavizar de por vida para pagar una deuda impagable y eso significa alterar los términos en que las deudas impagables se contrajeron”, aseguró.

“El gobernador pasa por alto la necesidad de hacer una auditoría de la deuda que la examine y detecte qué parte es ilegal o ilegítima, un arma importante en cualquier proceso de renegociación. Esa auditoría la debe hacer un comité ciudadano con apoyo de expertos internacionales en el tema, como el compañero Eric Toussaint y otros expertos con los que el PPT tiene comunicación y que ponemos a disposición de tal proceso”, insistió Bernabe.

El portavoz reiteró que “el informe Krueger señala correctamente que el problema de la economía de Puerto Rico es de fondo, que es estructural y que es la base del problema fiscal. Eso también lo hemos señalado hace mucho tiempo. Sin embargo, el informe considera que el problema estructural más importante es que la clase trabajadora y los pobres en Puerto Rico tienen demasiados derechos. Es decir, no nos dejamos explotar y maltratar lo suficiente. Por eso propone medidas que empeoran el nivel de la clase trabajadora empleada y desempleada: eliminar el salario mínimo, salarios y condiciones peores para las personas jóvenes y entrantes a la fuerza laboral, facilitar el despido, redefinir el ‘overtime’ para que no haya que pagarlo como ahora, eliminar el bono de Navidad y, para que a la gente no le quede más remedio que someterse a eso, reducir las compensaciones que reciben los desempleados. Es la fórmula que el FMI ha impuesto en muchos lugares con el mismo resultado: empobrecimiento y lo que en América Latina se llamó la ‘década perdida’. Es lo que han implantado en Grecia desde 2010 con resultados desastrosos. La idea de empeorar condiciones de empleo para generar crecimiento ya la vimos en chiquito con la eliminación de la paga doble en domingo con la idea de crear empleos: se le bajo el salario a los trabajadores y trabajadoras y los empleos nunca llegaron. Esa política no funciona. No se saca a un país de la crisis empobreciendo a su gente trabajadora”.

Bernabe afirmó que el problema estructural de la economía de Puerto Rico es otro.

“El problema es que tenemos una economía en la que el capital externo genera grandes ganancias que se fugan del país, que por lo mismo padece una alta tasa desempleo y no tiene fondo de inversión. Esa es la estructura que tenemos que transformar al lograr que se reinvierta en Puerto Rico una porción mayor de las ganancias que aquí se generan. Eso empieza por reconsiderar la política de exención contributiva que priva al gobierno de recaudos y que hace más de una década que no genera crecimiento económico”, reiteró.

El portavoz concluyó recordando que, tanto sobre la auditoría como sobre impuestos a megatiendas y a ganancias que salen del país, ya existen proyectos de ley que son un punto de partida.

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