Pierluisi: no hay más opción que permitir que PR se acoja al capítulo 9 de quiebra

pedro-pierluisi-470+265-300x169111SAN JUAN  – El comisionado residente, Pedro Pierluisi opinó el martes que tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 71 de 2014, conocida como la ley de “quiebra criolla”, Puerto Rico tiene como única opción un proyecto para que la isla pueda acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal.

“Esto significa que Puerto Rico tiene una opción y una opción solamente, es decir, pedirle al Congreso el mismo trato que reciben los estados en esta materia. En febrero, presenté el HR 870, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico de 2015, que reclama ese trato. Este esfuerzo legislativo, que no le costaría a los contribuyentes federales un centavo y promueve el estado de derecho, cuenta con el apoyo de prácticamente todos los expertos de quiebra; de las juntas editoriales de Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times y Bloomberg; de numerosas personas y organizaciones conservadoras; y de la gran mayoría de la comunidad financiera”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

Sin embargo, el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que a este proyecto de ley se opone un pequeño grupo de fondos de inversión y acreedores que tienen bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quienes impugnaron la “quiebra criolla”.

“La AEE, al igual que otras corporaciones públicas de Puerto Rico, está sujeta a todas las leyes federales ambientales, laborales y de transporte, pero actualmente no puede acogerse al régimen federal de reestructuración de deudas. Esto es claramente injusto. Estas empresas de inversión demandaron al gobierno de Puerto Rico por la creación de la Ley de Recuperación, insistiendo en que el único camino para que las entidades públicas en Puerto Rico puedan ajustar sus deudas y reclamar acceso al Capítulo 9. Estas empresas ahora están tratando de obstruir ese único camino solitario. Pueden creer que tal obstrucción es en su propio interés, pero es obvio que no es en el interés público, y el Congreso debe implantar la política pública basándose en el interés público y no en intereses particulares”, explicó.

Al declarar inconstitucional la ley de “quiebra criolla”, un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó el lunes que el Congreso es quien tiene que permitir que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, tal y como estaba previo a las enmiendas de 1984.

“Las enmiendas de 1984 son inconstitucionales. Puerto Rico debe tener la libertad de autorizar a sus municipios a solicitar protección de bancarrota bajo el Capítulo 9 del existente Código federal de Quiebras si ese es el juicio de su Legislatura”, concluye el juez boricua Juan Torruella al concurrir con los jueces Jeffrey Howard y Sandra Lynch en una sentencia de 75 páginas.

Con el dictamen, se valida la determinación del juez federal en la isla, Francisco Besosa, quien había decidido que el estatuto no era constitucional y el 6 de febrero pasado detuvo su puesta en vigor.

Por otro lado, Pierluisi señaló que el Tribunal de Apelaciones concluyó, e incluso los bonistas demandantes admitieron, que desde 1938 hasta 1984, ‘Puerto Rico, al igual que los estados, podían autorizar a sus municipalidades a obtener alivio bajo la Ley de Quiebra Federal’. Agregó que el Tribunal de Apelaciones no pudo encontrar explicación alguna en el historial legislativo de por qué el Congreso, en una ley de 1984 que modifica el Código de Quiebra, decidió quitarle ese poder a Puerto Rico.

“Como deja claro el Juez Torruella en su elocuente opinión concurrente, así es la vida de un territorio. Vivimos a la merced del Congreso. Tenemos voz en una de las dos cámaras del Congreso, pero no tenemos el voto en ellas. Estamos obligados por leyes en cuya aprobación tenemos poco que ver. Si esto no es anti-americano, no sé lo que es”, indicó.

“Si hay algo positivo en esto, es que todo este debate sobre el Capítulo 9 ha resaltado la bancarrota moral de la condición territorial de Puerto Rico”, concluyó.

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