Piden interpelación de funcionarios ante aumento en nóminas y contratos

Cámara de Representantes de Puerto Rico (Logo)EL CAPITOLIO  – El representante Ricardo Llerandi Cruz exigió el lunes que la Cámara de Representantes realice una sesión de interpelación a varios jefes de agencias que supuestamente están violentando abiertamente, lo dispuesto en la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal al aumentar la nómina de empleados de confianza y otorgar contratos.

“Aquí tiene que fijarse responsabilidad aquellos que malgastan los dineros del pueblo. Por eso es que estamos pidiendo que estos jefes de agencia venga a la Legislatura para que brinden explicaciones”, señaló el representante por Arecibo y Hatillo en un comunicado.

Indicó que durante las pasadas semanas la prensa ha estado reportando un sinnúmero de acciones por parte de funcionarios del ejecutivo que a simple vista demuestran craso incumplimiento con las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno. El mayor ejemplo es que posterior a la aprobación de la Ley 66, el gobierno central y las corporaciones públicas gastaron sobre de 12,000 millones de dólares en contratos de servicios. Esta suma representa más del 43 por ciento del presupuesto consolidado del gobierno.

Entre los funcionarios que el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) reclama que tengan que dar explicaciones ante el pueblo se encuentran el Jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo; el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Quintana Méndez; el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker; la Administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Liza Estrada Figueroa y el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, José Aponte Carro.

“En el Cuerpo de Bomberos se han otorgado más de 100 ascensos, los cuales aumentan la nómina anual en sobre 600,000 dólares. Similares acciones se han tomado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación en donde fueron otorgados 140 ascensos que conllevan un aumento de aproximadamente 400 dólares cada uno. Los ascensos tanto en Bomberos como en Corrección y Rehabilitación, resultan preocupantes, ya que claramente contravienen la directriz general de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, ante, en torno a compensaciones extraordinarias y congelación de puestos”, dijo el representante.

Asimismo, Llerandi Cruz dijo que Walker debe brindar explicaciones sobre el alegato de que en la Universidad de Puerto Rico se destinan alrededor de 56 millones de dólares anualmente para el pago de la nómina de empleados de confianza solamente.

El representante novoprogresista pido además que la administradora ejecutiva de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, Dorelisse Juarbe Jiménez, explique las excesivas convocatorias para el reclutamiento de personal que esa dependencia ha emitido en las últimas semanas.

“A pesar de que la Ley de Sostenibilidad Fiscal dispone claramente sobre la eliminación de beneficios económicos extraordinarios, algunos empleados del Fondo del Seguro del Estado se continúan beneficiando de un Bono de Navidad cuyo máximo es de unos 25,000 dólares. Éstos, además han recibido un aumento de 135 dólares, entre otros beneficios que tienen efectos directos sobre la mencionada corporación. Lo irónico es que mientras esto sucede en el Fondo, el gobierno quiere eliminar la Comisión Industrial alegando economías a pesar de que su presupuesto proviene de las primas y no del Fondo General”, dijo.

Detalló que la interpelación es el acto de interrogar a un miembro del gabinete ejecutivo por parte de los miembros del poder legislativo a acerca de un o varios temas con el objetivo de clarificar dudas o confirmar sospechas y así realizar una recomendación al gobernador sobre la capacidad de dicho funcionario.

El también portavoz de la delegación del PNP en la Comisión para el Desarrollo de la Industria Turística, cuestionó que se utilice los alegados beneficios fiscales de la Ley 66 ante los acreedores de la deuda del gobierno, cuando la propia administración ha dejado inoperante la misma.

“Las acciones en lugar de ser revertidas y desautorizadas públicamente por el gobernador Alejandro García Padilla, parecen ser autorizadas y consentidas tácitamente por su silencio e inacción. En virtud de lo anterior, lejos de ser actuaciones aisladas entendemos que forman parte de un plan político para beneficiar a algunos. Se benefician los pocos que lejos de sufrir los ajustes que son aplicados al resto de los ciudadanos, continúan recibiendo más cada día. Resulta pertinente determinar si las acciones de éstos son parte de un plan concertado e identificar quien es la persona que ha creado y ordenado ejecutar el mismo, por eso queremos la sesión de interpelación”, concluyó.

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