Pedraza Leduc acusa a García Padilla de atacar a la clase trabajadora

Diario:PoliticaSAN JUAN  – El coordinador del Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL-UTIER), Luis Pedraza Leduc, reaccionó a expresiones del gobernador Alejandro García Padilla, sobre la necesidad de impulsar leyes para eliminar derechos laborales, asegurando que “el problema es la deuda, no las licencias de vacaciones y enfermedad que son un derecho de la clase trabajadora”.

En un comunicado de prensa, Pedraza Leduc expresó que el gobernador García Padilla “lanza una cortina de humo para evitar profundizar en el verdadero problema del país, una deuda adquirida como parte de un proceso de apropiación inmoral de la riqueza de los pueblos”.

“La deuda es inmoral porque se impone por encima de las necesidades básicas del pueblo, educación, salud, vivienda, trabajo y protección social; la deuda es inmoral porque al no poder ser pagada, se le quitan derechos a la clase trabajadora y se condena al pueblo a ser más pobre; la deuda es inmoral porque fue impuesta, aun cuando se conocía sus efectos adversos al desarrollo del país”, declaró el dirigente sindical.

Según Pedraza Leduc, el otro objetivo de las expresiones de García Padilla “es congraciarse con los bonistas, a quienes invita a negociar una deuda bajo los parámetros impuestos por los exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), representantes de los bonistas”.

Pedraza Leduc explicó que las condiciones de trabajo existentes en Puerto Rico, establecidas por convenios colectivos o por legislación, permiten a la clase trabajadora producir 35 mil millones de dólares en ganancias a favor de las empresas manufactureras y otros sectores económicos.

“La banca, la industria del seguro, los consultores y bufetes de abogados hacen ganancias millonarias, independientemente del costo de hacer negocios en Puerto Rico, lo cual evidencia que no hay una relación de obstrucción o impedimento para que el capital logre su fin de lucro en el país”, sostuvo.

Pedraza Leduc afirmó que el gobierno tiene una política “anti obrera”, según él, “dirigida a quitar derechos y beneficios al pueblo trabajador con el objetivo de privatizar agencias públicas”.

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