Juez le dice que no a representantes del PNP sobre paralizar orden ejecutiva sobre matrimonios igualitarios

maria_milagros_charbonier_noticel-155x155SAN JUAN–La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros Charbonier presentó una demanda, de manera electrónica el jueves donde busca detener la Orden Ejecutiva OE 2015-021 que facilita a las instrumentalidades del Gobierno conceder el matrimonio entre parejas del mismo sexo, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que así lo facultó.

La representante Charbonier, en un comunicado de prensa, opinó el jueves que no necesariamente dicha orden judicial no puede tomar efecto en los territorios de los Estados Unidos.

Pero el juez superior Ángel Pagán Ocasio resolvió el viernes que “ha sido denegada” la petición para detener los efectos de la OE 2015-021.

No obstante, el juez Pagán Ocasio otorgó cinco días a las partes para que expongan sus argumentos sobre la demanda al ser “una controversia estrictamente de Derecho”.

A través de una orden ejecutiva, el primer ejecutivo estableció que se debe identificar y revisar todos los programas, estatutos, regulaciones y políticas de las agencias de forma tal que los derechos del matrimonio se apliquen uniformemente a todo matrimonio, independientemente del género o sexo de quienes lo compongan. Las instrumentalidades de la Rama Ejecutiva concedió 15 días, a partir de la firma de la orden que fue el pasado viernes, 26 de junio para atemperarse a lo expuesto en la orden.

Igualmente, se concedió al Departamento de Hacienda, al Registro Demográfico y al Departamento de Salud 15 días para comenzar a expedir, inmediatamente, licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo y realizar cualquier ajuste pertinente en materia de tributación.

El jueves, los representantes María Charbonier, Waldemar Quiles, Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago y Luis ‘Tato’ León, alegaron, en un escrito de sobre 25 páginas, que en Puerto Rico no aplica la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en razón que ‘somos un territorio no incorporado’.

“Por esa razón, la falta de poder “ex propio vigore”, es que nos vemos en la obligación de preguntarnos ¿Cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se refiere a “Estado”, en la sentencia Obergefell v. Hodges, se estará refiriendo también a un territorio? Entendemos que no, precisamente, por el uso y la referencia continua a la palabra estado en toda la sentencia y Puerto Rico es un territorio. Por eso podemos afirmar que la Orden Ejecutiva del Gobernador pretendiendo enmendar el Artículo 68 de nuestro Código Civil diciendo que es inconstitucional”, señaló Charbonier.

Dijeron que el término “ex propio vigore” supuestamente se refiere a la aplicabilidad automática de una decisión judicial u otra norma de derecho. “La diferencia constitucional fundamental, entre la aplicabilidad de unas decisiones u otras estriba en el hecho, que mientras en los territorios incorporados, como en los estados, aplica en toda su fuerza la constitución estadounidense; en los llamados territorios no incorporados no aplica la constitución ex propio vigore, sino solo aquellos derechos fundamentales que “según caso a caso fuera reconociendo el poder judicial”. Por eso estamos hoy aquí”, dijo por su parte León Rodríguez, quien representa los constituyentes del municipio de Ponce.

Los demandantes opinaron en que “la condición jurídica alcanzada por Puerto Rico con el Estados Libre Asociado, no cambió la naturaleza territorial de Puerto Rico, ni los poderes plenipotenciarios del Congreso sobre la isla, amparados en la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos de América”.

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