DTRH propone claridad en medida que obligaría a patronos notificar sobre cierres o despidos

Capitolio - 3EL CAPITOLIO – Una funcionaria que representó en vistas públicas el lunes al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Vance Thomas recomendó el lunes a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes que sean específicos en cuanto al proyecto que pretende obligar a los patronos a notificar, por escrito y con ciertos días de anticipación sobre cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo de sus trabajadores.

La licenciada Dimarie Méndez, procuradora del Trabajador, recomendó que la pieza logre un mayor nivel de especificidad en torno a los criterios que aplicarían a las empresas y cuál sería el perfil de éstas.

Asimismo, Méndez recomendó que la pieza incluya ciertas salvedades, por ejemplo, en caso de emergencias nacionales que obliguen el ajuste urgente en las plazas de sus trabajadores y otras situaciones que razonablemente permitan exclusiones. “No solo es importante para el DTRH que se proteja al trabajador, sino las plazas de empleo y al empleador, ya que una reducción en los puestos de trabajo o el cierre permanente de operaciones impactan directamente la economía local”.

De acuerdo con la funcionaria, la Ley Federal sobre Notificación, Reajuste y Readistramiento al Trabajador, mejor conocida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN), ya dispone que todo patrono que emplee a cien o más personas no podrá realizar el cierre del negocio o cesantías masivas de empleados hasta que transcurra un periodo de sesenta (60) días desde que el empleador le notificó por escrito a los representantes de los empleados y, en ausencia de éstos, a los trabajadores que directamente habrían de ser cesanteados o despedidos. La WARN establece criterios específicos para los patronos que anticipen dichas cesantías o cierres permanentes. Asimismo, el DTRH recomendó que, en lugar de enmendar la Ley 80 de 1976, como propone una de las medidas atendidas, se establezca la obligación de notificación de referencia mediante otra ley.

El presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez señaló que, “este periodo, propuesto a través de las medidas que estamos atendiendo hoy, ofrece la oportunidad de reajuste a la prospectiva pérdida de empleo, tanto de los empleados afectados como de la condición de vida de sus familias, y buscar nuevas opciones de empleo o readiestramiento para incursionar en otras ocupaciones, de ser necesario”.

El representante aseguró que, aunque hay espacio para desarrollar nueva legislación estatal que proteja a los trabajadores, es esencial tomar en consideración también que los pequeños y medianos empresarios (PyMEs) tienen necesidades muy distintas a los patronos que tienen plantillas de 100 o más trabajadores.

“Nuestra política pública es, no solo fortalecer la actividad económica de todos los sectores empresariales, incluyendo la promoción y el desarrollo de la PyMEs, sino que, como Gobierno podamos anticipar los cambios y la potencial reducción de los puestos de trabajo del País que podrían impactar adversamente nuestra economía”, afirmó Santa Rodríguez.

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