Departamento de Justicia anuncia que irán al Supremo de EEUU por “Quiebra Criolla”

Diario?Puerto Rico HoySAN JUAN – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció el jueves que el Gobierno de Puerto Rico recurrirá al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de la Ley 71 de 2014, conocida como la Ley de Quiebra Criolla.

“Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico. Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Por tratarse de un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislación en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones públicas”, explicó el titular del Departamento de Justicia en comunicado de prensa.

Según Miranda, la decisión es producto de un análisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

Miranda opinó además que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.

El pasado lunes el Tribunal de Apelaciones determinó que la llamada Quiebra Criolla era inconstitucional y dejaba en manos del Congreso de Estados Unidos permitir o no que Puerto Rico se pueda acoger al Capítulo 9 de Quiebra federal, lo cual podía hacer hasta el 1984 cuando el Congreso enmendó el estatuto y como consecuencia Puerto Rico quedó excluido.

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