Coalición del Sector Privado espera respuesta sobre asunto fiscal

Diario:PoliticaSAN JUAN  – Representantes de la Coalición del Sector Privado que han estado trabajando unidos para atender el tema de la reestructuración del gobierno en la isla, así como varios temas medulares en Washington, reaccionaron a la carta enviada el 17 de julio por el senador Orrin G. Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado Federal, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob J. Lew.

“Estamos en total acuerdo con el Capítulo 9 como mecanismo efectivo de restructuración de deuda y el sentido de urgencia que ha expresado el Senador Hatch en su misiva”, señalaron los directivos de la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, Colegio de CPAs, Asociación Productos de Puerto Rico y MIDA, entre otros.

Los portavoces reiteraron su respaldo al proyecto HR 870 del comisionado residente Pedro Pierluisi para que se enmendara el Código de Quiebras Federal de manera que la isla pudiera acogerse al Capítulo 9. “Nos alegra ver una apertura de apoyo a esta iniciativa por parte de representantes del sector republicano que hasta ahora no se habían expresado públicamente, y más aún del presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, cuyo organismo evaluará eventualmente la medida”, dijeron.

Asimismo, indicaron estar de acuerdo con que se revise la aplicabilidad de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, ya que las mismas contribuyen a elevar el costo de los bienes importados. También reclamaron justicia y paridad en la distribución de fondos Medicare Advantage, ya que la inequidad en su repartición afecta grandemente el sector de la salud en la isla.

Señalaron que en su carta, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos también reconoce la necesidad de efectuar reformas estructurales en Puerto Rico dirigidas a reducir y controlar los gastos gubernamentales, y de efectuar reformas en las políticas que impactan el proceso de permisología, y el mercado laboral. Las reformas laborales necesarias incluyen tanto las leyes locales como las federales, incluyendo el “welfare system” y el Fair Standards Labor Act (FSLA).

Por otro lado, los empresarios indicaron que la forma de resolver nuestros problemas ya se ha discutido en varios foros y en estos momentos el sector privado unido, está en conversaciones con el gobierno para juntos atender estos asuntos críticos que afectan la competitividad y desarrollo económico inmediato y futuro. Aseguraron tener la visión y los recursos para transformar la situación actual y que lo importante es que los sectores privado, civil y público trabajen unidos en una misma dirección.

Recientemente la Coalición identificó 4 iniciativas que de ser atendidas de forma integral con las demás acciones del Estado respecto a la negociación de la deuda y restructuración del Gobierno, podrían tener consecuencias positivas inmediatas en nuestra economía: integración del sector privado de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal; la realización de una reforma laboral; la revisión de los procesos de permisología y reglamentación para hacer negocios en el país y la creación de una Junta de Desarrollo Económico con vigencia de 10 años, que se dedique a evaluar distintas medidas que sirvan para incentivar y remover los obstáculos que dificultan el crecimiento y desarrollo de todos los sectores comerciales de nuestra economía.

“Ya hemos identificado a nuestros peritos en dichas áreas y estamos trabajando en cada una de nuestras propuestas. Estamos en espera de que la Fortaleza nos convoque en los próximos días para comenzar a trabajar en un plan integrado, realista y asertivo. Estamos en una situación de emergencia por lo que la situación tiene que atenderse con la urgencia requerida”, señalaron.

En el tema del trato a las Corporaciones Extranjeras Controladas o “Controlled Foreign Corporations (CFCs)”, la Asociación de Industriales ha estado en un proceso educativo y de cabildeo por más de un año con miembros del Congreso para prevenir o minimizar el impacto de cualquier medida de la reforma contributiva federal en las operaciones de empresas multinacionales establecidas en la Isla. Este esfuerzo ha venido acompañado del apoyo de todos los sectores de la isla con un Acuerdo de Entendimiento (MOU) firmado en abril de 2013 por los líderes de una veintena de organizaciones privadas miembros de la Coalición, el gobernador, el comisionado residente y los presidentes legislativos.

“La capacidad de Puerto Rico mantenerse competitivo internacionalmente dependerá, entre otras cosas, en cómo el Congreso trate a estas compañías bajo las reformas propuestas al Código Federal. En este esfuerzo hemos logrado el apoyo de las cámaras de comercio hispanas en los Estados Unidos y de la influyente asociación de manufactureros de Estados Unidos “National Association of Manufacturers” o NAM como también es conocida”, indicaron.

Las asociaciones representadas en la Coalición son: Asociación de Agricultores de Puerto Rico; Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. (AABI); Asociación de Bancos de Puerto Rico; Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico; Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE); Asociación de Constructores de Hogares; Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de PR; Asociación de Distribuidores de Automóviles de Puerto Rico (PRADA); Asociación de Hospitales de Puerto Rico; Asociación de Industriales de Puerto Rico; Asociación de Navieros de Puerto Rico; Asociación de Productos de Puerto Rico; Asociación de Restaurantes de Puerto Rico; Cámara de Comercio de Puerto Rico; Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico; Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico; Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; Grupo Unido de Importadores de Automóviles(GUIA); Puerto Rico Internet Society y PR 3000.

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