Al descubierto los fondos de cobertura en Puerto Rico

imagesSAN JUAN – ¿Cuáles son las firmas de fondos de cobertura que esperan ganar millones de dólares con la deuda del gobierno de Puerto Rico? Los políticos y los jefes de agencia los conocen, pero protegen su identidad.

Desde hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha solicitado esta información, a La Fortaleza, al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la oficina del comisionado residente Pedro Pierluisi, al senador Ramón Luis Nieves y a Anthony Princi, portavoz del ad hoc group of Puerto Rico, compuesto por fondos de cobertura y fondos buitre. El resultado: evasivas y silencio.

También se guardan como secreto los documentos que expresan al gobierno las propuestas o condiciones que establecen estos bonistas para cobrar y prestar más dinero.

Un mandamus radicado el lunes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el CPI solicita por la vía legal esta información que es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda están tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que podría conllevar que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

Así lo afirmó la presidenta del BGF Melba Acosta. “Podemos usar todo el presupuesto que tenemos para pagar la deuda, pero olvídate de la seguridad, olvídate de la salud, olvídate de la educación. Si te dedicas a pagar deuda y no haces más nada, eventualmente, sí, se pueden afectar los servicios. De eso es lo que estamos hablando”.

“Tristemente, la única fuente decente de datos sobre la participación de los fondos de cobertura en Puerto Rico son los reportajes de prensa. Los fondos de cobertura no tienen que revelar información sobre los bonos que compran en el mercado primario ni en el mercado secundario. Por lo tanto, básicamente tienes que depender de los periodistas que revisan documentos, lo que escuchas, etcétera. No es la situación ideal, y ciertamente es un problema de transparencia”, explicó al CPI Kevin Cooner, gestor de LittleSis, un portal con bases de datos sobre personas de interés en negocios y en el gobierno.

La falta de información sobre los fondos de cobertura se debe en parte a que la agencia federal que regula los valores, Securities and Exchange Commission (SEC), les exime de revelar ciertos datos que sí le exige a otros fondos tradicionales de inversión.

Pero esto no significa que funcionarios de gobierno no los conozcan.

Si te vi, no te conozco

Desde el año pasado, representantes de los fondos de cobertura y de los fondos buitre visitan constantemente las oficinas de legisladores en el Capitolio. Uno de ellos es el senador del Partido Popular Democrático Ramón Luis Nieves, quien dice que ha sostenido reuniones amenas con representantes de los fondos buitre, pero alega que no recuerda sus nombres ni los de las firmas que representan.

“Yo te voy a confesar que ahora si tú me preguntas, han sido tantos, tantos y tantos con los que yo me he reunido, fondos, que no te puedo decir un nombre aquí, un nombre allá.

Sabemos que hay un grupo que se llama el comité ad hoc de Puerto Rico. Pero tú me preguntas por firmas y yo no sé ni los nombres ya, porque han sido demasiadas reuniones”, dijo Nieves en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.

“Me empezaron a visitar y esto no es algo raro. Esto son gente que tienen unos intereses en Puerto Rico y quieren conocer cómo los policy makers de distintas áreas dentro del gobierno de Puerto Rico piensan y cuáles son sus opiniones. Ellos necesitan esa información para tomar decisiones de inversiones y eso no es nada ilegal ni inmoral ni nada”, añadió.

“Yo me he reunido con hedge funds que tienen interés en la AEE, con hedge funds que tienen intereses en GO’s. Porque usualmente muchas de estas firmas tienen de todo y tienen las dinámicas que se dan en todo el mundo con los fondos de cobertura, que compran a unos precios bastante bajos sus acciones y después tratan de empujar para que puedan obtener mayor rendimiento de su inversión a unos intereses y a unas condiciones”.

“Ver la presencia mayor de los fondos de cobertura en el tema de la deuda pública por un lado me ha preocupado, por otro lado yo entiendo por qué ocurre. No es tan sencillo. Puerto Rico es una economía que ya perdió sus fuentes de financiamiento tradicional y, ¿quién nos va a prestar? Es algo bien sencillo. Esas personas están dispuestas a prestarnos, obviamente en unas condiciones más allá de las cantidades que estamos cogiendo prestado; son las condiciones lo más preocupante. Los intereses, el sometimiento de la jurisdicción al distrito sur de Nueva York, otro tipo de condiciones que es más complicado”, manifestó el senador, luego de asegurar que fue él uno de los primeros políticos en llamarlos fondos buitre en Puerto Rico.

El mismo libreto lo repitió Melba Acosta, presidenta del BGF, agencia a la cual el CPI le ha solicitado esta información en unas seis ocasiones. Entrevistada sobre si conoce los nombres de los bonistas que tienen deuda del gobierno, nos dijo:

“El BGF no tiene esa información, porque acuérdate de que cuando se emite la deuda original, el BGF sabe quién la compra pero esa deuda se sigue revendiendo y eso quien tiene la información son los brokers y la gente que la sigue vendiendo. Yo estoy segura de que hay forma de conseguirla”.

Pero, ¿ustedes tienen la información de quiénes compraron la deuda original de la emisión de 2014?

“Bueno, habría que ver…”.

Más tarde, durante la misma entrevista, Acosta se contradijo nuevamente.

Y esos que compraron la deuda original, ¿esa lista sí la tiene?

“Yo asumo que Barclays, que fue la firma grande, es quien los tiene, porque fue quien estuvo a cargo de la transacción”.

Y el BGF tiene derecho a pedirle eso a Barclays, ¿no?

“Lo pudiese pedir, sí”.

Luego, Acosta perdió la memoria. “Nosotros no tenemos la lista del ad hoc group; sabemos algunas de las firmas que son parte del ad hoc, pero no tenemos un listado de los miembros. Ellos son bien privados. Yo sé que ahí está uno que se llama Fir Tree Capital. Se llaman el ad hoc group. Yo me reúno con ellos”, admitió Acosta.

¿Pero cómo es posible que no sepa quiénes son?

“Ellos vienen aquí, pero yo no les pido ‘firmen aquí’. Pero si tú me preguntas ahora mismo, el listado completo, yo no lo tengo. Usualmente vienen con cabilderos.

¿Y quiénes son los cabilderos?

“Ahora mismo no me acuerdo con quién han venido. Aquí ha venido gente con [Kenneth] McClintock, con Roberto Pratts, pero el ad hoc group no ha venido con ninguno de ellos. Han venido con alguien, pero ahora mismo no me puedo acordar…”.

Los fondos de cobertura han mantenido comunicación al menos desde 2013 con los principales funcionarios del gobierno, incluyendo al ex gobernador Luis Fortuño. En octubre de 2013, 25 inversores se reunieron por dos horas con Fortuño en un desayuno en el Los Angeles Hotel. Allí estuvieron miembros de fondos tradicionales como Capital Research Management y el fondo de cobertura Farallon Capital, cuyo representante preguntó a Fortuño por las condiciones políticas y económicas de Puerto Rico. “Ellos pueden oler la sangre y el miedo”, dijo el analista de bonos municipales Richard Larkin, en alusión a las firmas de inversión que temen a una reestructuración de la deuda de Puerto Rico, lo cual podría provocar que no reciban sus pagos en los términos y condiciones que exigen.

En agosto de 2014, otro grupo de estas empresas fueron invitadas a una actividad de recaudación de fondos del aspirante a la gobernación por el PNP en el 2016, Pedro Pierluisi, en el hotel Península en Midtown Manhattan, Nueva York. La contribución sugerida para entrar, de acuerdo a una invitación enviada a uno de los fondos de cobertura, era de $2,600, reveló The New York Times.

A pesar de que el gobierno y los políticos protegen la identidad de los fondos de cobertura que poseen parte de la deuda, el CPI realizó la lista más completa y verificada de estas compañías que se preparan para renegociar sus bonos o exigir el total de su pago. La lista no es exhaustiva y no tenemos el beneficio de poder compararla con los datos oficiales del gobierno.

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