Advierten en peligro fondos federales asignados a la población con impedimentos

AIDD_logoSAN JUAN  – El presidente del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, Carlos Molina Román dijo advirtió el viernes que el Programa de Protección y Defensa de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) podrían perder 4.3 millones de dólares de fondos federales para la protección de los derechos de las personas con impedimentos y el desarrollo de proyectos innovadores para esta población, si la Cámara de Representantes no aprueba el Proyecto del Senado 1067 lo antes posible.
“El Gobierno de Puerto Rico se comprometió con la Administration on Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD) y la Administration on Community Living (ACL).a tener este Proyecto aprobado para el 30 de junio de 2015, luego de una notificación publicada en el Fedeal Register en febrero anunciando una vista administrativa para la terminación definitiva de los fondos, luego de haber sido suspendidos desde octubre del 2014. El próximo lunes, 6 de julio, el Gobierno de Puerto Rico tiene que notificar a estas agencias federales si el Proyecto fue aprobado o no, por lo que de indicar que no fue así quedaría a discreción de este si otorgan una prórroga o no para corregir una Monitoria que se notificó desde el 2012. Por esa razón, un grupo de personas con impedimentos se dieron a la tarea de orientar a los Representantes sobre la importancia y urgencia de la aprobación de este Proyecto y solicitan una Sesión Extraordinaria al Gobernador para que se pueda aprobar lo antes posible y asegurar que se puedan retener estos fondos”, dijo Molina Román en un comunicado de prensa.
Sostuvo que el 14 de diciembre de 2012 la AIDD dio a conocer un Informe de Monitoria basado en los hallazgos de una investigación en el que se señalaron varias deficiencias, incluyendo: la falta de empleados cualificados para trabajar con las subvenciones federales, desconocimiento acerca de las leyes, reglamentos federales, sus facultades y poderes como parte del programa e tener información incompleta.
“Luego de esto la AIDD no ha aprobado ninguno de los planes de acción correctivos que ha presentado la OPPI, por lo que en abril del 2014 colocó a esta Agencia en la categoría de “alto riesgo”. Como resultado, el 27 de octubre de 2014 la AIDD y la ACL suspendieron la financiación federal para OPPI y el 2 de febrero de 2015 citaron al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), a OPPI y al CEDD -adscrito a la Junta de Planificación- para que comparecieran a una vista administrativa, con el fin de eliminar definitivamente la otorgación de estos fondos. El Gobierno del ELA detuvo dicha acción temporalmente, mediante la presentación de un Proyecto de Ley que crearía la Defensoría de Personas con Impedimentos de Puerto Rico con una estructura diferente a la de OPPI, ya que estas agencias federales entienden que el mismo cumple con los criterios necesarios para corregir las deficiencias administrativas señaladas en la Monitoria. El Gobierno del ELA se comprometió a tener el proyecto aprobado para el 30 de junio del 2015 y las agencias federales le otorgaron hasta el 6 de julio de 2015 para notificar si se ha cumplido o no con esto. De no aprobarse este proyecto a tiempo se podrían perder estos fondos para vindicar los derechos de las personas con impedimentos en Puerto Rico”, detalló.
“El senador Ángel Rosa, consciente de esta situación y del peligro inminente de perder estos fondos tan importantes, creó un sustitutivo: el Proyecto del Senado 1067. En el mismo se separa la Defensoría de las Personas con Impedimentos de las demás agencias que se proponen consolidar bajo la Defensoría de Derechos Humanos de Puerto Rico. Este Proyecto fue aprobado por el Senado de Puerto Rico el 23 de junio de 2015, adelantando así el proceso para su posible aprobación a tiempo y salvar estos fondos. El 25 de junio de 2015, la señora Tatty Escobar (persona con impedimentos) se comunicó con la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes para verificar el estatus del Proyecto, debido a la premura necesaria para su aprobación, y le indicaron que no les había llegado. A raíz de esto se hicieron las gestiones correspondientes para que lo recibieran”, añadió.
Dado a esta situación, Molina, presidente del CEDD y la licenciada Yessica Guardiola acudieron a la Cámara de Representantes para explicarle a los representantes la “gravedad de este asunto”, y por qué deben darle prioridad.
“Logramos que el representante José “Conny” Varela, presidente de la Comisión de Gobierno, refiriera la medida a la Comisión de Reglas y Calendario; y después de las 11:00 de la noche y se incluyera en el Calendario de la noche. Estos líderes estuvieron en las gradas del Hemiciclo de la Cámara de Representes hasta que se acabó la sesión cerca de la 1:00 de la mañana para verificar si el Proyecto bajaba a votación, pero no fue así”, relató Molina.
Debido a que no bajó a votación, el domingo 28 de junio de 2015 un grupo de aproximadamente 20 personas en su mayoría con impedimentos se presentaron a la Cámara de Representantes para explicarle a los representantes la importancia y premura de que este Proyecto sea aprobado.
“Se orientó a los representantes Ángel Matos García, Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Carlos Vargas Ferrer, Luisa ‘Piti” Gándara, José Aponte, Luis Raúl Torres y Brenda López de Arrarás, los primeros cinco de estos han indicado que abalan el proyecto y los otros dos indicaron que lo evaluarían. Se ha continuado la comunicación con estos y otros representantes y la mayoría de ellos han confirmado su apoyo, por lo que entendemos que se cuenta con los votos para la aprobación del Proyecto”, dijo.
Mencionó que la Oficina del CENSO (2013) estima que el 21.1 por ciento de la población en Puerto Rico tiene algún tipo de impedimento. Frecuentemente esta población es discriminada y se le violentan sus derechos que por ley han adquirido. Nuestro deseo es evitar la pérdida inminente de estos fondos, para el único programa en Puerto Rico para la protección de esta población.

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