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Diario:PoliticaPerelló dice enmiendas a presupuesto fueron para minimizar cortes a organizaciones sin fines de lucro

EL CAPITOLIO  – El presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló confirmó que el viernes se llevará a votación el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2015 – 2016.

El líder cameral anticipó como cambio significativo en las partidas presupuestarias el ajuste que se hizo a los fondos destinados a las organizaciones sin fines de lucro.

“Este presupuesto no tiene medidas significativas de recaudo. La gran diferencia de este presupuesto es que no tiene medidas de recaudo. Esto es un presupuesto que lo único que tiene la reducción de 675 millones (de dólares) que prevalece y la asignación a las agencias. Lo que te puedo adelantar es que se hizo un esfuerzo para asegurarle una aportación mayor a las organizaciones sin fines de lucro”, dijo Perelló a preguntas de la prensa.

Aunque no hizo un detalle específico sobre los fondos a asignarse, aseguró que las organizaciones sin fines de lucro recibirán, en su mayoría el 90 por ciento de la asignación de fondos.

“Lo que estamos tratando es que no reciban un recorte mayor al 10 por ciento”, sostuvo Perelló.

El gobernador Alejandro García Padilla sometió un presupuesto de 9,640 millones de dólares para ser evaluado por la Asamblea Legislativa el cual tendrá que ser aprobado en o antes del 30 de junio por ámbas cámaras.

Acuerdo en beneficio de víctimas de violencia de género en Juncos

JUNCOS  – La Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced y el alcalde Juncos, Alfredo Alejandro Carrión, dieron a conocer el jueves la firma del séptimo acuerdo colaborativo para el establecimiento del Protocolo para la Supervisión de Órdenes de Protección (PSORP).

Según indicaron el propósito del acuerdo es reducir la incidencia de violaciones de órdenes de protección emitidas a favor de las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica de dicho municipio.

“La OPM en el cumplimiento de sus responsabilidades de fortalecer los mecanismos para la protección de las mujeres firmó hoy un acuerdo el cual representa una herramienta adicional para que las mujeres se sientan seguras, protegidas y orientadas. A la vez, fomentamos la creación de redes de apoyo multisectoriales en beneficio y protección de nuestras féminas y sus familiares más cercanos”, sostuvo la procuradora en un comunicado de prensa.

Indicó que otros municipios que se han unido a este esfuerzo con gran éxito son, Yauco, Barceloneta, Caguas, Salinas, Ponce y Guayama.

“El objetivo de esta alianza es consolidar unos planes de trabajo en común entre la OPM, los municipios y las agencias del sistema de justicia criminal para erradicar la violencia contra las mujeres y lograr una coordinación efectiva de servicios y de seguridad entre todos los componentes”, sostuvo Vázquez Garced.

La funcionaria indicó que el ejecutivo junqueño coordinó estos servicios para la ciudadanía de su municipio. “Es un gran paso de avance para este pueblo que ha demostrado grandes progresos en la reducción de la violencia doméstica, pero lo queremos como a todo Puerto Rico, libre de violencia doméstica”, indicó la Procuradora.

Concluyó que como parte del mismo los adiestramientos serán ofrecidos por la OPM a los agentes municipales y se estará promoviendo la intervención temprana en los casos a través de charlas, talleres en las comunidades y la preparación de material educativo, técnico y/o audiovisual necesario a estos fines.

Cámara, Familia y UPR firman acuerdo para elaborar un plan de acción integral de desarrollo social

EL CAPITOLIO  – Como parte de las acciones para atender los problemas sociales que se han visto agudizados en las últimas décadas en el país y, de cara a un proceso de reingeniería del gobierno, la Cámara de Representantes junto con el Departamento de la Familia y la Universidad de Puerto Rico (UPR) firmaron el jueves, un acuerdo de colaboración para elaborar un Plan de Acción Integral de Desarrollo Social para Puerto Rico.

El anuncio trascendió durante la celebración de la segunda reunión del pleno del Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social.

Perelló Borrás explicó que el esfuerzo surge de la Resolución Conjunta 65 (R.C.C.1), por medio de la cual se decretó un Estado de Situación Social Apremiante en Puerto Rico. Argumentó que era necesaria una evaluación de los programas de ayuda social, a la luz de los recursos fiscales, para establecer las iniciativas a corto, mediano y largo plazo que permitan atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Precisó, además, que el proyecto requiere de la participación del Gobierno, la Academia y los sectores no gubernamentales.

“No podemos ignorar que una población significativa de los puertorriqueños vive bajo los niveles de pobreza, que los casos de personas sin hogar, de abuso contra menores, de violencia doméstica, de jóvenes que no culminan sus estudios, de jóvenes y adultos con condiciones de salud mental son cada vez más comunes”, afirmó el líder cameral en un parte de prensa. “Pero, para atender esa criris social, lo primero que, como País y como gobierno, tenemos que hacer es reconocerla. La Resolución Conjunta 65 fue ese primer paso, el de reconocer que enfrentamos una crisis social. Nuestra sociedad necesita estar emocionalmente estable, sentirse segura y lista para echar el resto para sacar hacia delante nuestro País. De la única manera que vamos a lograr esto, es teniendo una radiografía certera de los patrones de desigualdad social que existen en Puerto Rico”.

El proyecto de análisis de los programas de ayuda social estará bajo la coordinación de la doctora Palmira Ríos González, decana de Asuntos Académicos de la UPR, Recinto de Río Piedras. El ejercicio pretende, entre otros objetivos, identificar los ejes centrales de exclusión en Puerto Rico; desarrollar instrumentos de evaluación que permitan responder a la crisis social con mecanismos efectivos de inclusión social; y fortalecer las competencias del personal del Departamento de la Familia para la implementación de políticas de inclusión social. En el mencionado proyecto, participarán docentes-investigadores de las Escuelas Graduadas de Planificación, Administración Pública y de Trabajo Social, así como estudiantes a nivel graduado y sub graduado.

La propuesta de trabajo incluye, entre otros, el desarrollo de una página web para la diseminación de información; eventos para el análisis del estado social de Puerto Rico con expertos locales e internacionales; y seminarios para la formación de funcionarios públicos y de sectores no gubernamentales en la evaluación de políticas públicas. Asimismo, la medida propiciará el establecimiento de acuerdos de colaboración con entidades nacionales e internacionales especializadas en políticas públicas para la inclusión social; la preparación de un directorio de organizaciones no gubernamentales que prestan servicios sociales; y un informe anual del Estado del Desarrollo Integral Social en el País.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón, como presidenta del Consejo Especial, se mostró complacida con la firma del acuerdo que fortalece la investigación y la evaluación de los programas para desarrollar política pública para atender sectores sociales que viven en condiciones de vulnerabilidad. “A través de mecanismos confiables de medición podremos evaluar propuestas basadas en evidencia científica, de manera que podamos desarrollar proyectos y ser más exitosos en la búsqueda de resultados y hacerlos más competitivos en la obtención de fondos”, manifestó.

En el encuentro, donde participaron legisladores, miembros del Ejecutivo, así como de las organizaciones no gubernamentales se constituyó un Comité Coordinador para agilizar la toma de decisiones y darle seguimiento al plan de trabajo que impulsará el desarrollo y ejecución de esta investigación que comenzará en las próximas semanas.

Pierluisi: Obama “no ha hecho lo suficiente” por salud de los boricuas

WASHINGTON, DC – El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, emplazó el jueves al presidente Barack Obama a que su administración trabaje con el Congreso para atender el trato desigual en los programas federales de salud Medicaid, Medicare tradicional y Medicare Advantage, que reciben los ciudadanos americanos en la isla.

Pierluisi indicó que a su reclamo se unieron los senadores Charles E. Schumer (NY), Kirsten E. Gillibrand (NY) y Robert Menendez (NJ), y los congresistas José E. Serrano (NY), Charles D. Rangel (NY), Nydia M. Velázquez (NY) y Luis V. Gutiérrez (IL).

“Escribimos para expresar nuestra preocupación por las numerosas inequidades bajo Medicaid, Medicare tradicional y Medicare Advantage que sufren los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. La mayoría de estas desigualdades vienen de largo tiempo. Pero otras -en particular las relacionadas a los pagos federales a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico- son recientes. El impacto acumulativo de estas desigualdades -en pacientes, médicos, hospitales, proveedores de seguros de salud y otros- ha sido severo, causando una verdadera crisis y poniendo la salud de los residentes de Puerto Rico en riesgo”, expuso Pierluisi en un comunicado con motivo de una carta que envió a Obama.

“Este asunto es importante, no solo para los tres millones y medio de residentes en Puerto Rico y sus representantes, sino también para los cinco millones de individuos nacidos en Puerto Rico o de ascendencia puertorriqueña que viven en los estados y sus funcionarios públicos. Sabemos que es importante también para usted y que prometió en el pasado ‘trabajar de cerca con el gobierno de Puerto Rico y el Congreso para fortalecer la inversión del gobierno federal en la salud del Pueblo de Puerto Rico’. Creemos que esta administración no ha hecho lo suficiente para corregir las desigualdades que confronta Puerto Rico y exhortamos firmemente a la administración a que tome pasos inmediatos, decisivos y concretos para eliminar o mitigar estas disparidades, administrativamente en los casos en que sea posible y a través del Congreso cuando se necesiten soluciones legislativas”, añadió.

En la misiva a Obama, Pierluisi resaltó que en una carta reciente al Congreso, el secretario interino de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, Andrew Slavitt, reconoció que “Puerto Rico cuenta con un mercado de salud único, con muchos individuos con bajos ingresos en Medicare y Medicaid y una historia legal compleja que afecta al sistema de salud de muchas manera”.

En esa comunicación, el funcionario informó que la secretaria del Departamento de Salud federal, Sylvia Burwell, estaría creando un grupo de trabajo en el Departamento para que hubiese un mecanismo coordinado para atender y responder el sinnúmero de asuntos que afectan al sistema de salud de Puerto Rico.

“La secretaria Burwell se comprometió la semana pasada a incluir en ese grupo a individuos que representen los intereses de Puerto Rico. La creación del grupo de trabajo es un paso positivo. Es imperativo que las deliberaciones del mismo comiencen sin demora y concluyan con acciones específicas. Entendemos que hay medidas administrativas que se pueden tomar inmediatamente para ayudar a Puerto Rico y estamos disponibles para trabajar con usted para identificar las mismas. Como se ha señalado, la mayoría de las desigualdades que enfrenta Puerto Rico tienen sus raíces en estatutos federales y por tanto requieren soluciones legislativas”, expresó el comisionado.

Pierluisi indicó que el proyecto de ley H.R. 2465 que presentó la semana pasada en la Cámara federal, titulado “Ley para mejorar el trato de los territorios de Estados Unidos bajo la Ley de Programas de Salud Federal de 2015”, constituye un prototipo detallado para los que establecen política pública.

“El proyecto identifica los diversos problemas que existen bajo la ley federal respecto a Medicaid, Medicare tradicional y Medicare Advantage y provee soluciones justas y reales para cada problema. También se presentará una medida similar en el Senado federal. El grupo de trabajo debe estudiar este proyecto, determinar cuáles disposiciones específicas del mismo apoya y trabajar con el Congreso de forma bipartita para convertirlas en ley. El trato desigual a los ciudadanos americanos en Puerto Rico no puede ser justificado por fundamentos de política pública. Los residentes de la isla pueden mudarse a los estados y recibir trato igual, pero se les despoja de trato igual si optan por quedarse en Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.

Añadió que “los trabajadores en Puerto Rico pagan los mismos impuestos federales sobre salarios que los de los estados. Estos impuestos financian casi el 90 por ciento de la Parte A de Medicare y constituyen casi el 40 por ciento de los ingresos totales de Medicare. Además, los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico pagan las mismas primas bajo las Partes B y D que sus contrapartes en los estados”.

Pierluisi le recordó al presidente Obama que los problemas del sistema de salud de Puerto Rico se deben en gran parte a la cantidad inadecuada de fondos federales y al trato desigual bajo la ley federal. “Estos problemas no van a desaparecer y de hecho, están empeorando. Le exhortamos a que ejerza su liderato y trabaje con el Congreso para formular un camino claro para atender estos problemas”, concluyó.

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