Pierluisi presenta proyecto para evitar el precipicio fiscal del Medicaid

Pierluisi-DiarioWASHINGTON, DC  – El comisionado residente, Pedro Pierluisi, presentó el miércoles, un proyecto de ley integral que elimina o mitiga las desigualdades que Puerto Rico enfrenta bajo los programas de Medicaid y Medicare.

“Esta es la primera vez que se ha presentado en el Congreso legislación para hacer frente a la amplia gama de desigualdades que enfrentan los territorios bajo los programas de salud federales. El proyecto de ley sirve como diagrama para los legisladores y funcionarios federales que establecen política pública, al identificar los múltiples problemas que existen en la legislación actual y proponer soluciones legislativas justas y realistas para cada problema”, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

Pierluisi detalló que el proyecto de ley crearía nuevas reglas federales para regir Medicaid en los territorios. Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos, es financiado en parte por el gobierno federal y en parte por el gobierno del estado o territorio. En los estados, no existe límite en la cantidad de fondos que el gobierno federal provee para Medicaid, siempre que el estado paree su parte. Esta asignación federal -conocida como FMAP- puede fluctuar entre el 50 por ciento para los estados más ricos hasta 83 por ciento para los estados más pobres. Por el contrario, hay un tope en la cantidad de fondos que el gobierno federal asigna a los programas de Medicaid en los territorios. Cuando Pierluisi asumió el cargo en el año 2009, el tope aplicable a Puerto Rico era de sólo 260.4 millones de dólares al año y el FMAP para los territorios era de sólo 50 por ciento.

Mencionó que durante su incumbencia, se enmendó la ley federal para mejorar sustancialmente el trato que reciben los territorios bajo Medicaid, pero éste sigue siendo profundamente desigual, sobre todo en el caso de Puerto Rico. En 2010, el Congreso promulgó la Ley de Protección y Cuidado de Salud Asequible al Paciente (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA). Esta ley proporciona 7.3 mil millones de dólares en fondos adicionales de Medicaid, de los cuales Puerto Rico recibió 6.4 mil millones de dólares. Estos fondos pueden ser utilizados por un territorio entre el cuarto trimestre del año fiscal 2011 y el final del año fiscal 2019.

“Como resultado, Puerto Rico ahora recibe entre 1.1 a 1.3 mil millones de dólares al año en fondos federales de Medicaid. Esta es una mejora sustancial, pero todavía es mucho menos que lo que Puerto Rico recibiría si fuera un estado. Para ponerlo en contexto, el estado de Misisipi recibe 3.6 mil millones de dólares al año y el estado de Oregon, que tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que Puerto Rico, recibe 5 mil millones de dólares “, explicó Pierluisi.

Por otra parte, los 7.3 mil millones de dólares expiran al final del año fiscal 2019. A esto se le ha llamado el “precipicio” fiscal de Medicaid. Al gobierno Puerto Rico sólo le quedan 3.5 mil millones de dólares de sus 6.4 mil millones de dólares, y podría agotarlos en el año 2018 o incluso en el 2017. Si se reautorizan estos fondos, los territorios volverán a recibir los fondos de Medicaid bajo la antigua fórmula, lo que para Puerto Rico significaría menos de 400 millones de dólares al año. El mes pasado, el comisionado residente envió una carta al presidente Barack Obama y pronunció un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes sobre este asunto, con el propósito de que los funcionarios federales comiencen a trabajar en un plan bipartita para atender el problema antes de que el mismo ocurra.

“El proyecto que estoy presentando hoy aseguraría un nivel sostenido y equitativo de fondos de Medicaid para los territorios, evitando así el precipicio. Comenzando en el año fiscal 2017, se le proporcionaría a los territorios un trato similar al que se le da a los estados, dentro de unos parámetros bien definidos. En concreto, el programa Medicaid de cada territorio cubriría a individuos –ya sean niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o de edad avanzada, padres o adultos sin hijos- cuyo ingreso familiar sea igual o menos del 100 por ciento del nivel federal de pobreza, con el gobierno federal asignando fondos a los territorios como si estos fueran estados”, dijo Pierluisi.

Sostuvo que el nivel federal de pobreza es 11,770 dólares para una familia de uno; 15,930 dólares para una familia de dos; 20,090 dólares para una familia de tres; y 24,250 dólares para una familia de cuatro.

“En esencia, siempre y cuando un gobierno territorial cubra a aquellos individuos cuyos ingresos familiares estén dentro de estos límites, el gobierno federal le asignaría fondos al programa de Medicaid del territorio como si se tratara de un programa estatal de Medicaid. El tope en la asignación anual sería eliminado. Cada territorio recibiría un FMAP basado en su ingreso per cápita, lo que resultaría en un FMAP de 83 por ciento para Puerto Rico. Sin embargo, la limitación entonces sería que si un territorio desea cubrir a individuos que estén por encima del 100 por ciento del nivel federal de pobreza se requeriría utilizar fondos del gobierno territorial, no fondos federales”, dijo Pierluisi.

“El razonamiento detrás de esta propuesta es sencillo. Los residentes de Puerto Rico y los demás territorios son ciudadanos americanos. Cómo mínimo, el gobierno federal debe asignar a los territorios los fondos necesarios para proporcionarle cubierta de salud a sus residentes que viven en o por debajo del nivel de pobreza federal. Debido a que el programa de Medicaid de Puerto Rico siempre ha recibido una cantidad inadecuada de fondos federales nunca ha podido cubrir a las personas con ingresos cerca del 100 por ciento del nivel federal de pobreza. Es hora de que eso cambie”, expresó Pierluisi.

Dijo que su propuesta incluye además una serie de disposiciones destinadas a optimizar la atención al paciente mejorando el trato a los hospitales, a los médicos y a los beneficiarios y planes de Medicare Advantage (MA) en la isla.

El proyecto corregiría cuatro disparidades que perjudican a los hospitales de Puerto Rico y a sus pacientes. Primero, incluiría a los territorios en el programa “disproportionate share hospital” de Medicaid (DSH), del que siempre han estado excluidos. El proyecto de ley proporcionaría a Puerto Rico cerca de 130 millones de dólares en fondos adicionales de Medicaid para ayudar a los hospitales de la Isla que tratan a un alto porcentaje de personas con bajos ingresos y a pacientes no asegurados. Segundo, la legislación mejora el trato que recibe Puerto Rico bajo el programa de Medicare DSH. La fórmula actual perjudica a Puerto Rico, ya que calcula los pagos basados ​​en el número de pacientes inscritos en el programa de Seguro Social Suplementario (SSI), que el Congreso no ha extendido al territorio. Tercero, el gobierno federal paga a los hospitales que atienden a pacientes de Medicare una tarifa base, que se puede aumentar por una variedad de factores. A todos los hospitales en los estados se les paga la misma tarifa base, pero a los hospitales de Puerto Rico se les paga a una tarifa base que es de aproximadamente 14 por ciento menor. El proyecto eliminaría esta desigualdad. Cuarto, se corrige la exclusión de los hospitales de Puerto Rico del componente de Medicare de la Ley HITECH, que autoriza el pago de bonos a hospitales que se convierten en usuarios sustanciales de registros electrónicos de salud.

“El trabajo de un hospital es noble, y nunca termina. Sus puertas están abiertas las 24 horas del día, siete días a la semana. Los hospitales tratan a los enfermos y heridos, ricos y pobres, jóvenes y personas de edad avanzada. Los hospitales están ahí cuando comienza una vida, y muchas veces cuando termina. No hay ninguna razón por la cual los hospitales en Puerto Rico deban ser tratados de manera distinta a los hospitales de los estados cuando se trata de fondos federales”, enfatizó Pierluisi.

El proyecto también incluye una disposición que aborda uno de los mayores retos que enfrentan los médicos de Puerto Rico: la insuficiencia de los pagos bajo el Medicare tradicional. La fórmula actual utilizada para compensar a los médicos toma en consideración las variaciones en el costo de practicar la medicina en los distintos lugares de la nación, mediante el uso de un sistema llamado “índice geográfico de costos de la práctica” (Geographic Practice Cost Index, GPCI). Existe evidencia sólida de que la fórmula actual GPCI pone en desventaja a Puerto Rico y resulta en pagos insuficientes a nuestros médicos. Por tanto, el proyecto establece un mínimo razonable en los pagos de Medicare a los médicos de Puerto Rico para que éstos reciban una compensación justa por su trabajo.

“Hay un éxodo bien documentado de médicos puertorriqueños trasladándose de la Isla hacia los estados y al parecer, los bajos pagos de Medicare como resultado del sistema GPCI son un factor importante que lo provoca. Seguiré tomando todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para atender este problema”, dijo Pierluisi.

El proyecto también busca ayudar a los 560,000 beneficiarios de Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico al establecer un mínimo de pago para asegurar que los planes de MA en la Isla reciban una compensación adecuada por parte del gobierno federal.

“Esta disposición suplementa y fortalece los esfuerzos en curso que este servidor y otros estamos realizando para convencer a los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid a que tomen medidas administrativas inmediatas para mejorar los pagos a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico”, puntualizó Pierluisi.

Por último, el proyecto de ley responde a las preocupaciones expresadas por las compañías de seguro en los territorios. La Ley de Cuidado de Salud Asequible impuso una cuota anual a las aseguradoras, con la primera venciendo el año pasado. En una carta del 2014 al presidente Obama, Pierluisi y otros delegados territoriales argumentaron que la aplicación de la cuota a aseguradoras en los territorios es improcedente, ya que el propósito de la cuota es ayudar a compensar el costo para el gobierno federal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Debido a que los territorios no son elegibles para recibir muchos de los beneficios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible no procede someter a las aseguradoras en los territorios a esta cuota que está diseñada exclusivamente para compensar el costo de esos beneficios. Mi proyecto reduciría la cuota de las aseguradoras en los territorios por la mitad, a su vez reduciendo la cantidad anual adeudada por las aseguradoras en Puerto Rico de unos 158 millones de dólares a 79 millones de dólares. En cuanto al resto, se transferirían los fondos a los territorios para ayudarlos a cumplir su parte local de Medicaid o para asistir a las personas mayores de bajos ingresos a pagar sus medicamentos recetados”, finalizó Pierluisi.

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