Directora administrativa de los Tribunales asegura que el nuevo recorte de presupuesto limita a la Rama Judicial para cumplir con su función constitucional

oat1-300x80SAN JUAN – La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, alertó el martes, a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado que si se concreta el recorte propuesto de 61 millones de dólares al presupuesto de la Rama Judicial esta rama constitucional de gobierno se vería seriamente limitada para cumplir con su función fundamental de impartir justicia.

“La obligación fundamental de los tribunales es impartir justicia y esta misión solo se puede cumplir cuando se cuenta con los recursos necesarios”, aseguró en un comunicado de prensa a la vez que recordó que las medidas de economía adoptadas este año resultan insuficientes para compensar la severa reducción presupuestaria del presente año fiscal y que al sumarse ésta a la reducción propuesta para el próximo año fiscal, la Rama Judicial habrá enfrentado en un período de dos años una reducción acumulada de 115 millones de dólares.

Llompart Zeno recordó a los miembros de la Comisión que del año fiscal 2002–2003 al año fiscal 2013–2014, la Rama Judicial contó con una asignación presupuestaria basada en una fórmula establecida por Ley, mecanismo que fue suspendido por la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 66-2014) en el 2014. Ese año, según explicó, a la Rama Judicial se le aplicó además un 7.4 por ciento de ajuste que produjo una reducción adicional al presupuesto, lo que representó una reducción real de 54 millones de dólares en el presupuesto proyectado para el año 2014.

“Con la reducción impuesta en virtud de la Ley 66-2014, se hizo imperativo redoblar los esfuerzos dirigidos a reducir gastos, generar economías y redistribuir recursos para cumplir con los compromisos operacionales y con nuestra obligación de administrar la justicia de forma accesible, transparente y equitativa”, indicó la Jueza Superior.

Entre las medidas de ahorro implantadas destacó el cierre de doce tribunales municipales, el cierre parcial de operaciones en varias fechas, la renegociación de los cánones de arrendamiento de edificios y locales, la relocalización del Tribunal de Apelaciones y de la OAT, la revisión de todos los contratos de servicio vigentes, la eliminación de beneficios no esenciales al personal incluyendo jueces y juezas, la reducción del 11 por ciento de la fuerza laboral mediante congelación de puestos y limitación en el reclutamiento, la eliminación del servicio de Teletribunales y la suspensión del desarrollo del proyecto de digitalización de los procesos judiciales. El ahorro estimado por estas y otras medidas es de 22.8 millones de dólares, informó Llompart Zeno.

“A pesar de la implantación de estas y otras medidas, la proyección de ahorros resulta insuficiente para compensar la severa reducción presupuestaria. Además, la implantación de algunas de estas medidas afecta adversamente y limita el acceso a la justicia. También, impide el desarrollo de programas y proyectos para la atención de problemas sociales como son nuestras salas de casos violencia doméstica, de salud mental y de cortes de drogas juvenil y de adultos”, reveló.

“El panorama para el año fiscal 2015-2016 se presenta mucho más sombrío. El presupuesto recomendado por fórmula para la Rama Judicial es de 315 millones de dólares. Ello implica una reducción de 16.5 por ciento o 61.1 millones de dólares con respecto al presupuesto correspondiente a la Rama Judicial por fórmula. Esta reducción incluye la congelación de la fórmula (7 por ciento o 28.1 millones de dólares) más el ajuste fijado para el año fiscal 2015-2016 (9.5 por ciento o 33 millones de dólares)”, explicó la Directora de la OAT.

Llompart Zeno expuso ante la Comisión que los gastos operacionales estimados, aún contemplando nuevas y mayores medidas de economía, suman 361.7 millones de dólares lo que resulta en una insuficiencia de casi 33 millones de dólares.

“Ello nos obligaría a tomar medidas extremas que impactarían de manera adversa nuestros proyectos y planes de desarrollo, nuestro personal y, más importante aún, los servicios que se prestan a la ciudadanía”, aseguró.

Entre esas medidas adicionales se consideraría cerrar más tribunales, cerrar las salas de investigaciones en las noches y los fines de semana, relocalizar la sala de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón y reducir la aportación patronal al Sistema de Retiro de la Judicatura. Además, la administración se vería obligada a reducir la jornada laboral.

La directora de la OAT recordó a los miembros de la Comisión que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, ha expresado públicamente que confía en que las ramas Ejecutiva y Legislativa asuman su responsabilidad de no permitir que la Rama Judicial, que representa el fiel de la balanza en nuestro sistema de gobierno, deje de ser efectiva en el cumplimiento de su misión constitucional a causa de los recortes presupuestarios.

“Por nuestra parte, continuaremos haciendo los esfuerzos necesarios para contribuir a enfrentar la crisis fiscal de nuestro país, pero sin dejar de defender con firmeza los postulados de la autonomía presupuestaria de la Rama Judicial, piedra angular de la independencia judicial. Esta defensa se hace con el único propósito de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluyó.

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