Director de OGP insiste es ilegal no recortar fondos a OEG y Contralora

06-10-15_OGPLA FORTALEZA – El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Luis Cruz alegó el miércoles que la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal obliga al Gobierno a recortar fondos a entidades como la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora.

“Es ilegal no hacerlo (recortar fondos) porque el Artículo 20 de la Ley 66 establece que las reducciones que se establezcan en la Rama Ejecutiva aplican proporcionalmente a la Rama Legislativa y Rama Judicial. La Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor son parte de la Rama Legislativa y tanto Cámara como Senado recibieron una reducción en el presupuesto fundamentada en la Ley 66”, dijo Cruz en conferencia de prensa.

Las expresiones del funcionario se dieron en relación a lo expresado en las vistas de presupuesto por Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental y Yesmín Valdivieso, contralora de Puerto Rico sobre reducción en sus fondos.

De otra parte Cruz rechazó el alegato de que el proyecto de la Defensoría de Derechos Humanos ponga en riesgo los fondos federales que actualmente reciben las oficinas de procuradores. No obstante mencionó, el caso de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI). “En este caso en particular, hay unos señalamientos de los federales en términos de la estructura, organización y operación de OPPI que el proyecto recoge. Y cuenta con el aval de la agencia federal que otorga estos fondos”, dijo Cruz.

La llamada Defensoría de Derechos Humanos pretende “consolidar a las actuales oficinas de procuradores en una sola entidad”.

El funcionario rechazó que se vaya a aumentar la burocracia en esta nueva entidad con el reclutamiento de los llamados consejos cuya función será designar y evaluar el desempeño de los llamados defensores.

Finalmente, Cruz sostuvo que la proyección de ahorros de esta medida es de más de 3.5 millones de dólares y contempla desde arrendamiento y pago en los servicios públicos hasta nómina de puestos de confianza y servicios comprados. También se contemplan reducciones en los salarios de los defensores por lo que serán sustancialmente menores a los de los procuradores actuales.

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