César Miranda: “descargé de forma cabal y meritoria mi responsabilidad en ley”.

cesarmiranda-300x14811SAN JUAN  – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, indicó el viernes, que la agencia que dirige “descargó de forma cabal y meritoria su responsabilidad en ley” al referir al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en octubre pasado a una ex funcionaria de La Fortaleza y a siete servidores públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos por alegada malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, supuesta conspiración para cometer delito y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Ante la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de no asignar un fiscal para investigar las actuaciones de Grace Grana Martínez y los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Miranda recordó que “las alegaciones que dieron lugar a la investigación realizada por Justicia y la Oficina de la Contralora se hicieron bajo juramento, ante lo cual, estábamos obligados a investigar y referir al PFEI toda aquella conducta que pudiera ser constitutiva de delito”.

Sostuvo que el PFEI es la entidad con la facultad en ley para investigar criminalmente a ayudantes del gobernador.

Los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de administración del entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Emma. Según prueba testifical y documental obtenida por el DJ, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Albuquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios debían votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán. Se utilizó como excusa para el viaje el que los funcionarios tomarían ciertos adiestramientos, lo que la prueba demostró que no ocurrió. En el referido al PFEI no se cuestionó la naturaleza de LULAC y si el hecho de usar fondos públicos con el único propósito de participar en una elección.

Por su parte, la Oficina de la Contralora tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del senador Aníbal José Torres, por lo cual determinó realizar una auditoría allá para enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014.

“Discrepamos en la apreciación de la prueba que ha hecho el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente pero, siendo esa la entidad con jurisdicción sobre este caso, respetamos la determinación final tomada por el PFEI”, afirmó el titular de Justicia.

1 comentario

  1. RICARDO dice:

    POSIBLEMENTE HA SIDO EL PEOR SECRETARIO DE JUSTICIA DE P.R. EMPUJANDO EL TEMA DE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS, UNIONES GAY, ETC.