Aprueban Reglamento de los Estudios de Impacto Económico Regional

jpSAN JUAN  – La Junta de Planificación (JP) adoptó por unanimidad el Reglamento de los Estudios de Impacto Económico Regional, aprobado recientemente por el gobernador, Alejandro García Padilla, mediante orden ejecutiva y con vigencia al 24 de junio.

“Con la adopción de este Reglamento, damos un paso de avanzada a favor de un verdadero balance empresarial en Puerto Rico, que permita la justa competencia con las pequeñas y medianas empresas [PyMEs]. En el pasado, el desbalance empresarial en la isla provocó una merma en la repartición junta de las ventas al detal. Una política pública responsable y, una práctica de planificación adecuada, es garantizar que el crecimiento de los establecimientos de considerables pies cuadrados no vaya a traducirse en desempleos para las PyMEs”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, en un comunicado.

Indicó que el estudio de impacto económico regional será requisito para la evaluación de la aprobación de cualquier proyecto que proponga el establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor con unos 65 mil pies cuadrados o más, en el área de venta y almacén. Asimismo, cualquier otro proyecto destinado a las ventas al detal de mercancías mixtas con 15 mil pies cuadrados o más.

Según el líder cameral, el Reglamento dicta las políticas económicas y de planificación aplicables para la evaluación de la aprobación o denegación de proyectos comerciales con un impacto significativo en el renglón de ventas al detal y al por mayor. Dicha herramienta para la evaluación del impacto de nuevos proyectos surge de la Ley 62 del 11 de junio de 2014, según enmendada, denominada “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

Abundó que la Ley 62 otorga mayor poder al empresario puertorriqueño, quien considera como la base del desarrollo económico del País. El Reglamento se suma a otros beneficios de la Ley 62, tales como la otorgación de permisos en 24 horas, renta preferencial y una reserva del 20 por ciento de las compras del Gobierno para las PyMEs.

Asimismo, Perelló Borrás detalló que cualquier persona o entidad proponente de nuevos proyectos, deberá presentar un estudio de impacto económico regional ante la Junta de Planificación. Posteriormente, la Compañía de Comercio y Exportación evaluará el mismo para emitir las recomendaciones que estime pertinente, previo a la adjudicación del permiso solicitado.

Por su parte, el presidente de la JP, Luis García Pelatti, manifestó que “este reglamento permite tomar determinaciones en el proceso de la evaluación de permisos, con el propósito de facilitar un desarrollo en armonía entre los nuevos proyectos comerciales propuestos y aquellos negocios comerciales existentes”.

Además, detalló, que la entidad establecerá una lista certificada con los profesionales y/o compañías aprobadas para la realización de cualquier estudio de impacto económico regional. El contenido de cada estudio incluirá, entre otros, los efectos económicos del proyecto propuesto en los establecimientos comerciales existentes en la región, información sobre los empleos en la región, los ingresos municipales o estatales que habrá de generar el proyecto, así como los efectos ambientales y sociales.

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