Alegan banco se niega a descubrir documentos sobre transacción Santini-Ramallo

Justicia-300x2192SAN JUAN  – La Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ) solicitó al Tribunal Superior de San Juan que declare no ha lugar la insistencia de First Bank de no entregar documentos que podrían determinar si la empresa Ramallo tenía la capacidad de pagar por la renta que fijó la administración municipal de Jorge Santini, luego de que el ayuntamiento se endeudó por 55 millones de dólares al comprarle a dicha corporación el complejo Ramallo International Center (RIC).

“Se sabe que quien mayor beneficio obtuvo de esa transacción lo fue, precisamente, el First Bank pues logró recuperar el préstamo que le había otorgado a Ramallo y el cual estaba en ‘default’. El municipio, en cambio, ni tan siquiera recibe de Ramallo el pago de arrendamiento por el uso de la propiedad. First Bank sabía que Ramallo no tenía la capacidad de pagar la renta de sus facilidades una vez fuesen adquiridas por el Municipio de San Juan”, lee la moción en oposición radicada el miércoles por los asesores legales de la Legislatura de San Juan, Harold Vicente y Omar Sánchez Pagán.

Indicaron que el pasado lunes primero de junio y mediante moción en el caso de interdicto ante el juez Ángel Pagán, First Bank insistió en levantar el privilegio de secretos de negocios provisto por la regla 513 de Evidencia, para ciertos documentos que le fueron solicitados por la Legislatura Municipal y que el Tribunal ordenó su entrega mediante sentencia el pasado 15 de mayo.

“La información que se le solicita al First Bank no constituye secreto de negocio alguno. En la alternativa, si le aplicase el mencionado privilegio, First Bank renunció al mismo cuando hizo entrega de (i) el Credit Proposal prepared by First Bank dated July 13, 2010; y (ii) un total de ocho (8) Credit Approval Memorandums”, se alega en el pedido que hizo la Legislatura Capitalina al foro judicial.

Por otro lado, alegaron que la transacción de compra venta y posterior arrendamiento tomó forma en una ordenanza de la pasada Legislatura Municipal con fecha del primero de noviembre del 2010, la que autorizó al Municipio a emitir 55 millones de dólares en bonos de renta para adquirir la propiedad conocida como RIC, un parque industrial localizado en la carretera PR-1, en el barrio Quebrada Arenas en San Juan.

Señalaron que el pasado martes 26 de mayo, la Legislatura de San Juan hizo público un informe preliminar que recomienda a la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, que busque remedios judiciales que hagan revertir la transacción Ramallo-Santini, ante su creencia de que el contrato de renta es nulo toda vez que el arrendador nunca presentó declaración jurada estableciendo que era un convicto federal. Esto viola las disposiciones de la Ley 458.

“En fin, ante la recién determinación de nulidad de la transacción, cualquier privilegio debe ceder por consideraciones de justicia. De lo contrario, se vería afectado el poder investigativo de la Legislatura Municipal y su importante rol de velar por el uso y manejo apropiado de los fondos públicos”, concluye la moción solicitando al juez que se mantenga en su posición de que First Bank tiene que descubrir documentos de la transacción Ramallo-Santini.

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