Representante Meléndez advierte de posible crisis social ante cierre masivo de salas judiciales en la isla

Cámara de Representantes de Puerto Rico (Logo)El Capitolio — “Las recientes expresiones que hiciera la Directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, sobre el cierre de sobre 25 salas judiciales en Puerto Rico y la congelación de sobre 400 plazas en su dependencia por los recortes que le hiciera La Fortaleza a la Rama Judicial, podría crear una crisis social en varias regiones de la isla. Esto debido a que la ciudadanía y las agencias de seguridad podrían quedar desprovistas de servicios esenciales utilizados para la protección y la seguridad de los puertorriqueños. Adicional, la acción podría generar un alza en los casos archivados por vencimiento de término por la sobre carga que tendrán los tribunales regionales quienes acogerán el trabajo de las salas clausuradas en los municipios”, expresó el Representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, portavoz de la delegación PNP en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Meléndez levantó una voz de alerta sobre el problema que podría causar el cierre de estas salas municipales sin estudiar a fondo el impacto social que recibiría la ciudadanía y el problema operacional que tendrían las agencias de seguridad. “Esta nueva movida del Primer Ejecutivo afectará en gran medida la seguridad de los ciudadanos, y el trabajo de representantes de ley y orden al dejarlos desprovistos de poder solicitar de inmediato recursos como una ley 54, una orden de acecho, ordenes de arresto, remoción de menores de edad, o la aplicación de otros recursos que podrían salvar una vida”, añadió el Representante novoprogresista.
En una entrevista radial, Llompart Zeno confirmó que tras los recortes que le realizará el Ejecutivo a la OAT su agencia se ha visto afectada ante la falta de secretarias de sala, alguaciles y otros funcionarios indispensables para la operación diaria de los tribunales. Añadió que programas de ayuda como el “Drug Courts”, que busca la rehabilitación de personas arrestadas por drogas, podrían desaparecer.

Según estadísticas de la Oficina de la Procuradora de la Mujer entre los años 2012 y 2013 se registraron más de 21,500 solicitudes de Ordenes de Protección en Puerto Rico. En esas mismas fechas hubo un saldo total de 38 asesinatos de mujeres víctimas de violencia doméstica. “Constantemente vemos titulares sobre el resultado negativo de una víctima de género que no pudo solicitar a tiempo una ley de protección o de acecho. En muchas ocasiones el factor tiempo es imprescindible para proteger una víctima o salvar una vida. Si el Estado le pone más trabas a la ciudadanía y a quienes velan por nuestra seguridad no avanzamos como pueblo. Sino que echamos para atrás todo lo que hemos alcanzado en la lucha contra el maltrato de menores y la violencia doméstica”, expresó Meléndez.

El Representante novoprogresista emplazó al Superintendente de la Policía, José Caldero; a la Procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez,; al Secretario de Justicia, César Miranda; y a la Secretaria de la Familia, Idalia Colón, a que se expresen sobre esta decisión obligada de la Administración de Tribunales impulsada por La Fortaleza, y confirmen si en efecto la Mansión Ejecutiva les consultó sobre la errada decisión. Adicional criticó que el Gobierno de turno atente contra la Rama Judicial desproveyéndole de sus recursos, mientras que a espaldas del pueblo realiza miles de nombramientos políticos en las agencias de Gobierno.

“En los últimos meses hemos escuchado como los medios de comunicación han denunciado los miles de empleados que se han contratado a la ligera en el Departamento de la Familia, el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Corrección y otras dependencias del Gobierno. Una acción contraria al mensaje que promueve García Padilla sobre la reducción de gastos en las agencias y su aprobada Ley 66 que prohíbe más contrataciones en el sistema público. Sin embargo, dejan desprovistos a la Rama Judicial de poder realizar sus funciones a las que esta constitucionalmente obligada. Esta es otra acción del Primer Ejecutivo atentando contra la separación de poderes. Primero lo hizo con la Legislatura y ahora contra la Rama Judicial”.

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