Refieren a la Contralora supuestas irregularidades en Comisión de Servicio Público

CSPSAN JUAN  – La mayoría del pleno de la Comisión de Servicio Púbico (CSP) refirió el pasado viernes, 15 de mayo, mediante comunicación escrita a la Oficina del Contralor, varios señalamientos sobre el uso de fondos públicos, el manejo de las cuentas de los ingresos propios; y supuestas irregularidades en los procesos de contratación por servicios profesionales y de personal administrativo en esa dependencia gubernamental.

“Durante el pasado viernes le enviamos una comunicación a la señora contralora de Puerto Rico (Yesmín Valdivieso), en la cual le expresamos serias preocupaciones sobre el control y manejo administrativo de la Comisión de Servicio Público. En ese sentido, le notificamos sobre los procesos de contratación de servicios profesionales que se están dando contrario a lo que establece la Ley. Además, sobre la situación de que empleados por contrato están ejerciendo funciones puramente administrativas, emitiendo certificaciones de deuda, dirigiendo divisiones, entre otros asuntos. Ante esta grave situación también le hemos solicitado a la Contralor una auditoría exhaustiva sobre todo el componente de la Comisión de Servicio Público. Nosotros estamos ejerciendo nuestra función y es nuestro deber poner en previsión de lo que está sucediendo a las agencias pertinentes”, denunció en un comunicado de prensa el comisionado asociado Jonathan Bonet.

La carta fue firmada por los comisionados asociados Bonet, Alcides Martínez, Blanca Torres y José Cordero.

El referido contiene presuntas irregularidades detectadas en la CSP, bajo la presidencia de Omar Negrón Judice. El funcionario fue designado en el cargo durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, y dada la naturaleza de su nombramiento, siguió en el cargo a pesar del cambio de administración tras las elecciones del 2012.

En la carta a la contralora Valdivieso, el pleno de la CSP expresó que la Ley número 7 del 2009 “afectó de sobremanera las funciones de la Comisión, por lo cual la actual administración de la agencia ha incurrido en estas prácticas que son contrarias a los mejores principios de administración pública”.

“Ciertamente, las situaciones de incumplimiento con reglas administrativas, de personal y recursos humanos, de contratación, entre otros, ameritan que estos comisionados coloquemos en previsión de lo que acontece en nuestra agencia a su oficina (Oficina del Contralor), de manera que a solicitud urgente de nuestra parte, usted pueda determinar si amerita la realización de la Auditoría exhaustiva que estamos prestos a solicitar”, expresa la carta.

Los firmantes aludieron a la otorgación de contratos pagos con fondos de regalías y aranceles, que aunque, según ellos, la Ley de Servicio Público no lo impide, la utilización primordial de estos ingresos “debe ser para adiestramientos, talleres y estudios económicos que justifiquen las tarifas que impone la Comisión”.

Los comisionados asociados indicaron que, reunidos en pleno, aprobaron un “acuerdo y orden” en el que le ordenaron al presidente Negrón Judice, entregar toda la documentación relacionada a los procesos de la otorgación de contratos. Sin embargo, éstos informaron que Negrón no ha accedido, por lo que prevén que en los próximos días acudirán al Tribunal.

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