Recortes presupuestarios afectarán prestación de ayuda legal a clientes de servicios legales de Puerto Rico

ramajudicial1.jpgw2891SAN JUAN  – El director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Lcdo. Charles Hey Maestre, expresó hoy que los anticipados recortes presupuestarios en la asignación de fondos que recibe del Gobierno de Puerto Rico impactarán adversamente en la prestación de asistencia legal a los sectores más pobres del país.

“Un recorte de 1.5 millones de dólares en la aportación gubernamental provocará que nos veamos en la difícil situación de tener que denegar el servicio a los pobres de este país por la falta de recursos para atender sus casos en asuntos meritorios y de importancia fundamental, como lo son casos de custodia, violencia doméstica, desahucios, cobros de dinero, ejecuciones de hipoteca, quiebras, hogar seguro y reclamos de educación especial, entre muchos otros”, dijo Hey Maestre en un comunicado de prensa.

SLPR es una entidad sin fines de lucro, subvencionada principalmente con fondos provenientes de la Legal Services Corporation (LSC), entidad creada por el Congreso de los Estados Unidos y que subvenciona 134 programas de servicios legales civiles a personas y comunidades pobres en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios.

Mencionó que por los pasados 4 (cuatro) años SLPR ha sufrido recortes significativos en su presupuesto por la reducción en los fondos provenientes del Legal Services Corporation (LSC), fuente principal de subvención para el Programa. Esto ha significado, aproximadamente, una reducción en su presupuesto de 8 millones de dólares, o sea un 40 por ciento de disminución presupuestaria. Para concretizarlo, en el año 2011 la asignación del LSC representaba un 83 por ciento del presupuesto, para el 2015 representa un 61.9 por ciento. En el 2016 esta reducción podría ser aún mayor si el Congreso realiza nuevos recortes al presupuesto de LSC, según proyectado.

“Este nuevo recorte crearía inestabilidad en SLPR, que ha podido manejar casi $8 millones en recortes federales en los últimos 4 años, gracias al apoyo del gobierno central de PR. Una reducción de la magnitud que se ha notificado públicamente limitaría nuestra capacidad para ofrecer servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos y comunidades que así lo necesitan, ya que no podríamos llenas las vacantes de profesionales del derecho (abogados(as) y paralegales) que son quienes brindan este servicio a nuestra clientela,” señaló el director ejecutivo.

Sostuvo que estos recortes se sumarían a otros fondos que perderá la Institución como resultado de los que sufrirá la Rama Judicial, que su vez provocarán la eventual suspensión programas, como podría ser el que atiende remociones de custodia de menores, representando así un duro golpe al acceso a la justicia para las familias pobres de Puerto Rico.

“Entendemos la difícil situación por la que atraviesa Puerto Rico en estos momentos y el reto que esto representa para los poderes que dirigen el País, pero es importante que al tomar esas decisiones tengan en cuenta que no podemos seguir privando de servicios a los que ya se encuentran en desventaja.

Recientemente la ONU emitió un informe destacando la importancia que tiene el fortalecer el acceso a la justicia como parte de los planes de desarrollo de todas las naciones. Nosotros en Puerto Rico no podemos poner en riesgo los derechos que nos cobijan a todos y todas, los que muchas veces ya le son coartados a los grupos tradicionalmente marginados por nuestra sociedad. Son esos derechos los que son defendidos por las organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales como Servicios Legales,” concluyó el licenciado Hey.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.