Reaccionan legisladores de la Palma sobre la marihuana medicinal

logo-pnp-470-265SAN JUAN  – Varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazaron el lunes la orden ejecutiva firmada por el gobernador Alejandro García Padilla con la que se permitiría el uso de la marihuana medicinal en la isla.

La portavoz de la minoría en la Cámara, Jenniffer González lamentó que el gobernador “quiera conseguir los votos para una reconsideración al derrotado proyecto del IVA negociando con el uso de la marihuana”.

El gobernador firmó el domingo la orden ejecutiva 2015-10 que ordena a la secretaria de Salud, Ana Ríus, a autorizar el uso medicinal de algunas o de todas las sustancias controladas o componentes derivadas de la planta de cannabis. La orden ejecutiva destaca que diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran el valor terapéutico del cannabis y sus derivados.

González agregó que todo este asunto es un intento por desviar la atención.

“Este nuevo acto deja la Ley de Sustancias Controladas en un limbo jurídico toda vez que sus subsiguientes artículos dispone sobre penas en ley para los que la orden ejecutiva no fue contemplada. Cosas que jamás pasarían si el ejecutivo no hubiera usurpado el poder legislativo”, concluyó.

Por su parte, el secretario general del PNP, José Aponte Hernández, exhortó a García Padilla a “tomar las cosas con calma y reevaluar su decisión”. Además, alertó a la Mansión Ejecutiva que el PNP no permitirá que se cree una crisis constitucional para intentar cambiar la discusión pública sobre la crisis fiscal.

“Quiero dejar bien claro esto: en el PNP estamos vigilantes a cualquier acción del ejecutivo que atente en contra de la Constitución de Puerto Rico. Actualmente, existe la Ley 4 de junio de 1971, mejor conocida como la ‘Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico’ en donde se clasifica la marihuana como una sustancia ilegal. Los precedentes donde un gobernante ha intentado cambiar la ley a través de órdenes ejecutivas han sido sumamente nefastos administrativamente. Exhorto al gobernador a reevaluar su posición y dejar atrás estos actos que no contribuyen a otra cosa que no sea crear incertidumbre en el pueblo”, dijo Aponte Hernández en un comunicado.

El también expresidente de la Cámara de Representantes cuestionó la base legal que utiliza el primer mandatario para gobernar por “decreto”.

De otra parte, los representantes, María Milagros Charbonier y Carlos ‘Johnny’ Méndez aseguraron que esta iniciativa del ejecutivo crea la crisis constitucional “más profunda” en la historia de Puerto Rico.

“No hay ninguna base legal para esta desafortunada acción. En esencia, García Padilla sobrepasó los poderes de la Legislatura y hasta el propio poder ejecutivo. Estamos hablando de que, por su propio conocimiento, este Gobernador ha decidido obviar la ley que clasifica la marihuana como una sustancia ilegal”, manifestó la representante por acumulación.

Mientras, Méndez indicó que la Ley de Sustancias controladas permite la adición a las clasificaciones de la ley, precisamente cuando alguna sustancia pueda considerarse como en “riesgo de abuso”. “No es para permitir discrecionalmente, la autoridad legislativa es para prohibir. Tergiversar la verdad de lo que dice la ley, y con el propósito de provocar un choque constitucional, me parece uno de los actos más burdos de política colonial”, expresó.

Entretanto, la representante Lourdes Ramos señaló que la orden ejecutiva no es una acción que esté basada en la defensa del mejor interés del pueblo, sino “en demostrar que se puede echar la democracia puertorriqueña en un bolsillo”. Cuestionó de manera enfática si el gobernador conoce que ninguna ley puede ser enmendada o derogada por una orden ejecutiva o interés expreso de La Fortaleza.

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