Pierluisi se expresa sobre la argumentación en el Primer Circuito del caso de la Ley de Quiebra Criolla

pedro-pierluisi-470+265-300x169111SAN JUAN  – El comisionado residente, Pedro Pierluisi, reaccionó el viernes a la argumentación oral del jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, sobre la constitucionalidad de la “Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, mejor conocida como la “Ley de Quiebra Criolla”.

Según Pierluisi, destaca que los argumentos presentados por los bonistas demandantes en el caso socavan los argumentos que ellos mismos presentan para oponerse al proyecto de Pierluisi para incluir a Puerto Rico en las protecciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras federa.

“Quienes único se han opuesto al proyecto son un puñado de empresas de inversión, incluyendo las firmas que presentaron la demanda para invalidar la Ley de Quiebras, que, en conjunto, poseen solamente un cinco por ciento de los $73 mil millones que componen la deuda total de Puerto Rico. Su argumento es que sería injusto aplicar la protección del Capítulo 9 a la deuda emitida por las corporaciones públicas de Puerto Rico previo a la promulgación del HR 870, porque eso sería el equivalente a “cambiarle las reglas del juego” a los inversionistas que compraron los bonos de Puerto Rico cuando el Capítulo 9 no estaba disponible”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

Mencionó que Puerto Rico, a diferencia de los estados, no tiene facultad para autorizar a sus corporaciones públicas a buscar la protección del Capítulo 9. La exclusión de Puerto Rico llevó al gobierno territorial a aprobar en julio de 2014 la Ley de Quiebra Criolla, que buscaba autorizar a determinadas corporaciones públicas a reestructurar sus deudas.

Sostuvo que varias empresas de inversión que poseen bonos emitidos por la Autoridad de Energía Eléctrica demandaron al gobierno de Puerto Rico, argumentando que la Ley de Quiebra Criolla –que en numerosos aspectos es muy diferente al Capítulo 9- viola la Constitución de Estados Unidos.

“En febrero, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos sostuvo que la Ley de Quiebra Criolla es campo ocupado por el Código de Quiebras de Estados Unidos y por tanto, es inválida bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal. El gobierno de Puerto Rico apeló esta decisión y la argumentación oral sobre el caso se llevó a cabo ayer ante el Primer Circuito”, añadió.

“En febrero, tras la decisión del Tribunal de Distrito, presenté en el Congreso el proyecto de ley HR 870, para otorgarle a Puerto Rico el mismo poder que tienen los estados de autorizar a sus corporaciones públicas insolventes a reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9. El proyecto cuenta con el apoyo y endoso de la Conferencia Nacional de Quiebras y de prácticamente todos los expertos en la materia de quiebras; de los consejos editoriales de The Washington Post, Bloomberg y The New York Times; y de la gran mayoría de las partes interesadas en la comunidad de inversiones”, dijo.

Sostuvo que los principales expertos en el Capítulo 9, entre ellos Ken Klee de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y John Pottow de la Universidad de Michigan, rechazaron este argumento en sus ponencias ante el Congreso. Como indica el profesor Pottow: “Algunos podrían tener la preocupación de que la aplicación retroactiva del HR 870 a deudas preexistentes es, de alguna manera, injusto o incluso inconstitucional para los tenedores de esas deudas. Esa preocupación es errónea.

“La Nación ha tenido numerosas leyes de quiebra durante toda su historia. Por lo general, esas leyes, cuando se aprobaron, aplicaron a la deuda preexistente y el Tribunal Supremo confirmó la autoridad del Congreso en el ejercicio de su poder bajo la Cláusula de Quiebras para hacerlo. Por supuesto, esto tiene sentido, porque el Congreso tiene la autoridad bajo la Cláusula de Quiebras de la Constitución para ajustar las deudas, dejando a todo el mundo sobre aviso de que sus derechos contractuales siempre están sujetos a ser ajustados por el Congreso en los casos en que un deudor se haga valer de la protección de quiebra”, sostuvo Pierluisi.

Según el comisionado residente, el profesor Pottow señaló, además: “Es inútil permitir que se resuelvan algunas deudas (deudas futuras), pero no otras (deudas preexistentes). No existe tal cosa (o para ser más preciso, no existe tal cosa útil) como “reestructurar a mitad”.

“Los expertos en finanzas también han desestimado este argumento de ‘retroactividad’ como falso, indicando que los inversionistas entienden completamente que los regímenes jurídicos federales no están escritos en piedra y que el Congreso puede modificarlos, como lo hace a menudo. Cabe destacar que en sus argumentos en la corte federal en contra de la Ley de Quiebras, los bonistas demandantes socavan sus propios argumentos ante el Congreso en contra del HR 870, en particular, su argumento de que la aplicación del Capítulo 9 a deuda preexistente sería injusto”, continuó diciendo.

Mencionó por ejemplo, en sus escritos, los bonistas demandantes reconocen que, entre el 1937 (cuando el Congreso estableció un régimen de quiebra) y el 1984 (cuando el Congreso excluyó a las corporaciones públicas de Puerto Rico del mismo), el Congreso autorizó al gobierno de Puerto Rico permitirle a las corporaciones públicas ajustar sus deudas. En consecuencia, cualquier inversionista que compró deuda de Puerto Rico después del 1984, debió haber sabido que el Congreso podía modificar la ley federal nuevamente y permitir a las corporaciones públicas de Puerto Rico ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9.

Además, en su escrito, el demandante BlueMountain señala: “Por supuesto, el Congreso, que gobierna en última instancia al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sí tiene la opción de permitirle a Puerto Rico invocar el Capítulo 9”. Continúa el escrito: “No hay nada sorprendente (mucho menos inapropiado) en la decisión del Congreso de mantener el control sobre si y cuándo las corporaciones públicas de Puerto Rico puedan buscar la protección de quiebra. El Congreso, al igual que los estados, puede alterar su política de quiebra para las corporaciones públicas bajo su control si así lo deciden; el Delegado de Puerto Rico en la Cámara de Representantes ya ha propuesto dicha legislación”. Los demandantes Franklin Templeton y OppenheimerFunds establecen el mismo punto en su escrito: “Si el Congreso determina que Puerto Rico necesita el Capítulo 9, tiene el poder de modificar los requisitos de elegibilidad del Capítulo 9 para permitir ese resultado”.

“Por supuesto, estas empresas omiten mencionarle a los jueces que presiden el caso de la Ley de Quiebra Criolla que se oponen activamente a la aprobación en el Congreso de la legislación que, según esas mismas empresas, constituye el único método permitido mediante el cual las corporaciones públicas de Puerto Rico pueden ser autorizadas a ajustar sus deudas. Es más, en sus argumentaciones ante el Primer Circuito, estas empresas no sugieren que la aplicación del Capítulo 9 para deuda preexistente sería inconstitucional o injusto. Ello, porque se trata de un argumento de conveniencia cuyo propósito es confundir, no de un argumento en los méritos cuyo propósito sea persuadir”, dijo Pierluisi.

“El HR 870 tiene amplio apoyo y la oposición al mismo es reducida y sin principios. Aprobar este proyecto de ley es la manera de proceder más justa, lógica y sencilla”, concluyó Pierluisi.

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