Pereira defiende medida sobre el NIE.

logo_nie_801EL CAPITOLIO  – El senador Miguel Pereira Castillo, presidente de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, defendió el miércoles, el propósito del Proyecto del Senado 1343 de su autoría, con el fin de transferir algunas funciones y personal de las Divisiones del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a la Policía de Puerto Rico y para transferir las funciones y el personal de la División para la Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y de la Sección de Derechos Civiles al Departamento de Justicia.

“Con ese fin, ha dedicado recursos al pago de horas extras que se debían a los policías desde años anteriores. Del mismo modo, ha asignado nuevos recursos para adquirir vehículos, helicópteros, armas y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan combatir al criminal con las más sofisticadas técnicas y los mejores equipos posibles. Estos esfuerzos, sin duda, han propiciado una reducción dramática en las estadísticas del crimen. Los delitos Tipo I, reflejan un disminución de un 7.2 porciento entre el 2013 y el 2014. A su vez, los delitos de violencia, han disminuido en un 10.3 por ciento, mientras que los delitos contra la propiedad han disminuido en un 6.6 por ciento. Los asesinatos y homicidios específicamente, revelan una baja de un 27.8 por ciento entre el 2013 y el 2014”, dijo Pereira Castillo en un comunicado de prensa.

“La situación del País requiere que los recursos de la Policía de Puerto Rico y otras agencias del orden público se maximicen a fin de lograr un manejo cada vez más efectivo y eficiente de las investigaciones criminales complejas. Para lograrlo, es menester colocar los recursos allí donde sean más útiles y necesarios para el fin propuesto. Es por ello que mediante la presente medida se dispone para el traspaso de las funciones y el personal del NIE a la Policía de Puerto Rico. De esta forma se fortalece, mediante la integración de los agentes investigadores altamente entrenados del NIE a la policía, el empeño de esta administración para esclarecer delitos con prontitud y eficiencia. El conocimiento especializado de los agentes del NIE así como el equipo tecnológico con el que cuentan, nutrirá a la Policía de mayores y mejores recursos para el cumplimiento de su deber ministerial”, lee la medida radicada por el senador, quien fuera Superintendente de la Policía y Fiscal Federal, entre otras posiciones relacionadas a la seguridad.

La medida señala además que la actual administración de gobierno tiene entre sus prioridades programáticas más importantes, asegurar y fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

La Ley para la Protección de Testigos y Víctimas – El Proyecto del Senado 1343 dispone además transferir y asignar a la Oficina de los Fiscales del Departamento de Justicia, las funciones y el personal de la División para la Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y su correspondiente albergue, creado mediante la Ley Número 77 de 9 de julio de 1986, conocida como “Ley para la Protección de Testigos y Víctimas”.

“La transferencia de esta División, permitirá una mejor integración de los servicios que se ofrecen con los Fiscales del Departamento, para asegurar la disponibilidad, bienestar y seguridad de los testigos y colaboradores con el Ministerio Público para el esclarecimiento de delitos. Asimismo, se asegura que las víctimas de delito estén debidamente atendidas mediante la continuidad de los servicios que se ofrecen al presente. Cónsono con lo anterior, los Agentes de Seguridad y Protección permanecerán adscritos al Departamento de Justicia”, detalló el legislador por el distrito de Guayama.

Por otro lado, el Departamento de Justicia, a través del Secretario y la Oficina de Integridad Pública, asumirá las funciones de investigar casos en que se impute mal uso o abuso de la autoridad a un miembro de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal y para investigar aquellos casos en que así lo ordene el Gobernador de Puerto Rico, que al presente son manejados por el NIE. En consecuencia, se transfieren a esta División los agentes de la anterior sección de Derechos Civiles de la División de Integridad Pública del Negociado.

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