Pendiente de autorización del Apelativo nuevo juicio contra Pablo Casellas

Ficha-Casellas-222x300SAN JUAN  ― El juez José Ramírez Lluch instruyó a los abogados de la defensa de Pablo José Casellas Toro a que solicitaran una moción del Tribunal Apelativo autorización para que el Tribunal de Primera Instancia pueda atender una moción de nuevo juicio en el caso de asesinato y pautó para los días 18 y 19 de junio próximo a la vista de seguimiento y estatus.

“Las partes han acordado que radicarán una moción ante el Tribunal Apelativo para pedir que se vea el caso en un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia”, señaló Ramírez Lluch antes de pedir escuchar una argumentación de las partes en torno a las razones por las que debe o no, celebrarse un nuevo juicio.

El juez recalcó que la petición al Apelativo es un elemento procesal con el que debe cumplirse antes de que el Tribunal de Primera Instancia tome jurisdicción sobre el asunto. Sobre la argumentación esbozada en sala, el juez señaló que se trataba de que el Tribunal entrara en conocimiento de los argumentos en derecho.

Casellas, quien se encontraba en sala, llegó al Tribunal encadenado de pies y manos, como usualmente llegan los reos desde la penitenciaría, y vistiendo un mameluco azul, característicos de los reos de máxima seguridad. Casellas no obstante, no representa riesgo de fuga, pero sí se le mantiene aislado en el área de la población general en máxima seguridad de la Cárcel Regional de Bayamón donde cumple una condena de cadena perpetua.

Los abogados, Harry Padilla y Juan Ramón Acevedo, representantes legales de Casellas, argumentaron en sus mociones la necesidad de un nuevo juicio sobre las bases de la contaminación del jurado que deliberó y encontró culpable a su cliente del asesinato de su esposa, Carmen Paredes. Para ello, la defensa de Casellas solicita del Tribunal “se descorra el secreto del jurado”, a lo que la Fiscalía se “opone tenazmente”.

Fuentes entendidas en el caso señalan que el reclamo de contaminación del jurado se fundamenta en que uno de los miembros de dicho cuerpo conocía personalmente al perito que la defensa presentó para impugnar la credibilidad del principal testigo de cargo, Luis Guzmán. Supuestamente el miembro del jurado, un funcionario de la Administración de Carreteras y Transportación conocía el perito porque se había visto involucrado en un litigio legal entre la agencia y el perito. Los abogados de la defensa señalan en su moción que mientras los miembros del jurado se trasladaban fuera de la corte y en la guagua que los transportaban, el jurado en cuestión les comunicó que conocía al perito de la defensa y que no les merecía ninguna credibilidad.

Es la contención de Padilla y Acevedo que al verse impugnada la credibilidad de su perito “de manera ilegal”, se le privó a su cliente de la impugnación efectiva del testigo de cargo.

Por su parte, la fiscal Thoebe Isales argumentó que el jurado debe evaluar la prueba presentada y que no requeriría de un nuevo juicio a no ser que el jurado fuera expuesto a prueba externa a manera de publicidad, recortes de periódicos u otro material a fin.

“Los comentarios hechos por los propios jurados se consideran prueba interna siempre que tengan que ver con el caso… Las experiencias propias de las personas que componen el jurado en los casos de referencia han sido consideradas como prueba interna. Aquí no hay un ápice de prueba de que hubo imparcialidad”, señaló enérgicamente la fiscal Isales.

De acuerdo con la fiscal, los cometarios hechos por el miembro del jurado a los efectos de la poca credibilidad que merecía el perito de la defensa supuestamente ocurrieron mientras el jurado abandonaba la sala o eran transportados desde hacia el Tribunal.

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