Maestros denuncian desacato del Gobierno en su Sistema de Retiro

11-25-13-protesta-retiro-FMPR-300x1681SAN JUAN  – Las organizaciones magisteriales EDUCAMOS y Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA) presentaron el martes una moción sobre incumplimiento de sentencia en contra del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) y el Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico por desacato civil al incumplir con la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en abril de 2014.

La sentencia del Tribunal declaró entonces que la Ley 160 de 2013 y en particular varios de sus artículos era inconstitucional en la medida en que “menoscaban sustancialmente y de forma irrazonable el derecho contractual de los participantes activos y jubilados del SRM en cuanto a su plan de retiro.”

“Transcurrido más de un año desde la notificación de la sentencia el SRM se reúsa de manera obstinada y contumaz a acatar el dictamen del Tribunal Supremo… la Junta de Retiro para Maestros insiste en cobrar el tiempo no cotizado por los maestro a un interés de un 9.5 por ciento provocando, que cientos o quizás miles de maestros, no hayan podido ejercer su derecho a retiro”, denunció Eva Ayala, portavoz de EDUCAMOS.

La decisión del Tribunal Supremo establece claramente que el artículo 3.6 de la Ley 160 es inconstitucional porque obliga a pagar a los maestros que cotizaban para el SRM desde antes de la aprobación de la Ley la aportación que el Departamento de Educación hubiera hecho a su retiro más un 9.5 por ciento de interés. Esta disposición en la ley aplicaba específicamente a maestros que trabajaron en otras agencias de Gobierno o en el sector privado.

De acuerdo con Ayala hay maestros a los que ahora se les quiere cobrar más de 80 mil dólares por este concepto, lo que en la práctica elimina el derecho al retiro para esos maestros. Ayala explicó que lo que debe cobrarse a los maestros por servicios acreditables en otras agencias de Gobierno o en el sector privado es de un 2 por ciento sobre las aportaciones que el Departamento de Educación si estos hubieran trabajado para dicha agencia.

“Otra vez se pretende humillar al magisterio, violentar sus derechos y hacernos pagar por una crisis creada por otros. Esto es una forma de revanchismo contra los maestros por hacer valer sus derechos”, señaló Ayala.

La líder magisterial aseguró que han tratado de comunicarse en múltiples ocasiones con la junta del SRM pero las gestiones han sido infructuosas.

Por su parte Rafael Ortiz Mendoza, representante legal de los maestros en el caso aunque estimó existen suficientes bases para que el Tribunal Supremo actúe con premura y adjudique esta moción. No obstante Ortiz Mendoza declinó anticipar necesariamente un resultado para la moción presentada aduciendo que es el Tribunal quien debe ejercer su función y determinar la validez del señalamiento.

De ser encontrado incursos en desacato, tanto el SRM como el ELA pudieran enfrentar multas económicas o cualquier otra sanción que estime el Tribunal.

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