Contralor revela deficiencias en manejo de presupuesto de Hatillo

10388130_664342000306071_8347523030017159161_nSAN JUAN  – La contralora, Yesmín Valdivieso reveló el lunes dos informes de auditorías sobre irregularidades en el municipio de Hatillo, relacionadas al manejo del presupuesto del ayuntamiento, así como deficiencias sobre la contratación de un supuesto ingeniero sin sus debidos credenciales.

Valdivieso detalló que una de ellos es el informe M-15-29, sobre la auditoría realizada del primero de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que reveló desviaciones de ley y reglamentación con la administración del presupuesto del municipio por los déficits presupuestarios en el Fondo Operacional, sobregiros en fondos, cargos por sobregiros en cuentas bancarias y reajustes presupuestarios contraídos a la ley.

“El informe indica que en los presupuestos de los años fiscales subsiguientes, no se consignaron los créditos necesarios para amortizar el déficit del año fiscal 2012 y 2013 de 1 millón de dólares y 2.7 millones de dólares respectivamente. Además, el municipio incurrió en sobregiros en el Fondo Operacional por 1.4 millones de dólares, pagó 10,530 dólares en siete cuentas bancarias por cheques pagados sin fondos y sobregiros hasta de 181,619 dólares”, expresó Valdivieso en una comunicación escrita.

Por otro lado, la contralora detalló que el informe de nueve hallazgos, señala deficiencias como el hecho de que no se realizaron investigaciones internas por unos 25 débitos no autorizados por 1,846 dólares para el pago, entre otros, de deudas personales, y tampoco el municipio investigó el hurto de 18 unidades de propiedad con un valor de 10,200 dólares.

Además, la auditoría identificó que no se realizaron gestiones efectivas para cobrar 328 mil dólares en cuentas atrasadas: 280 mil dólares en patentes municipales desde el 2003; 42 mil por el cementerio municipal desde el 1991 y 7 mil dólares por los arrendamientos en la Plaza del Mercado.

En este primer informe sobre, según la funcionaria, las operaciones del municipio se señalan deficiencias con las recaudaciones, los registros de cheques, el inventario de cheques en blanco, uso de computadora para fines ajenos (grabación de 995 archivos de música) y falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad por parte de la Unidad de Auditoría Interna.

“El comentario especial del informe llama la atención a las 11 demandas civiles por daños y perjuicios por la cantidad de 5.6 millones de dólares pendientes de resolución por los tribunales”, señaló Valdivieso.

Por otro lado, la contralora divulgó la auditoría el informe M-15-30 que revela desviaciones de ley y reglamentación en la contratación por 79,800 dólares de un ingeniero cuya licencia estaba expirada desde febrero de 2010 y su colegiación suspendida desde octubre de 2010.

“Esta persona, que no podía ejercer la profesión de ingeniería en Puerto Rico, había firmado con las siglas de ingeniero (Ing.) al lado de su nombre, un contrato, tres enmiendas y 19 certificaciones de pago”, explicó.

Según la funcionaria, esta situación se remitió el 26 de junio de 2014 al secretario de Justicia, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y al presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas.

La contralora indicó que el informe de la auditoría realizada entre el primero de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, también señala que de octubre de 2009 a abril de 2012 se emitieron 17 órdenes de compra por 117 mil dólares sin obtener al menos tres cotizaciones o propuestas de precio. Además, en octubre de 2011 se ordenó una compra a un proveedor que excedió la oferta presentada por otro proveedor que cumplía las especificaciones. Situaciones similares a estas ya se habían señalado en el Informe de Auditoría M-12-43 del 2 de abril de 2012.

De otra parte, Valdivieso precisó que el informe de 32 páginas revela que se efectuaron pagos a contratistas sin que se haya remitido el contrato a la Oficina del Contralor, se formalizaron tres contratos por 2.2 millones de dólares para construcción sin obtener previamente los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y tampoco cobraron arbitrios de construcción ni patentes municipales a obras que se realizaron en el municipio, entre otros.

“El Comentario Especial indica que el Municipio contrató tres compañías cuyos presidentes se presentaban como ingenieros sin tener la colegiación o licencia requerida para ejercer la profesión en Puerto Rico”, señaló.

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