Supremo deniega petición de legisladores penepés sobre matrimonio gay

tribunal-supremo1-300x20031SAN JUAN  – En una votación, seis a dos, el Tribunal Supremo (TS) denegó la noche del miércoles una certificación intrajurisdiccional así como una moción en auxilio de jurisdicción presentados por un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el que solicitaban que el gobierno defendiera el matrimonio heterosexual en la isla.

“Los argumentos esgrimidos por los peticionarios no justifican la expedición del recurso de certificación. Hacerlo sería actuar a destiempo, cuando el expediente ante el TPI (Tribunal de Primera Instancia) sobre los méritos, se encuentra incompleto. La controversia según esbozada por los legisladores peticionarios no es una que amerite urgente solución ni que afecte la debida administración de la justicia”, expresaron los jueces Maite Oronoz Rodríguez, Liana Fiol Matta, Rafael Martínez Torres y Roberto Feliberti Cintrón en un voto particular de conformidad.

La petición la hicieron la tarde del miércoles los legisladores Ángel “Chayanne” Martínez, Migdalia Padilla, Itzamar Peña, José Pérez, Antonio Soto, José “Quiquito” Meléndez, María Milagros Charbonier y Carlos “Johnny” Méndez.

El voto mayoritario aduce que los legisladores estadistas solicitaron se paralizaran los procedimientos del caso que tiene una vista pautada para las 9:30 de la mañana del jueves en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Éstos reclaman que “este Tribunal declare, entre otras: la inconstitucionalidad de la postura y el alegato que presentó la parte recurrida en el caso federal; que no le dé validez jurídica a los argumentos expuestos en dicho alegato; que le ordenemos a la parte recurrida a retirar –so pena de desacato- su alegato por ser alegadamente nulo ab initio; que emitamos una sentencia declaratoria, mandamus e interdicto permanente para restringir las actuaciones de la parte recurrida; y que las actuaciones de la parte recurrida sean referidas a evaluación ética”.

“Todo ello, pues alegan que la parte recurrida no tiene ‘la capacidad en ley para realizar una acción en el caso federal que su efecto real es una colusión que permite que la parte demandante apelante en dicho caso litigue sola y con todo a su favor’. Recurso de Certificación, pág. 17”, agrega.

Recientemente, el secretario de Justicia, César Miranda anunció que el gobierno cambió su postura para favorecer el reconocimiento en la isla de matrimonios homosexuales. Esto a la luz del caso federal de Ada Conde contra el gobierno para que se reconociera en la isla su matrimonio con Ivonne Álvarez, contraído en el estado de Massachusetts. El funcionario expresó en esa ocasión que el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico es inconstitucional.

Por otro lado, los jueces indicaron en su voto de conformidad, que la moción de auxilio de jurisdicción tampoco cumple con los requisitos para su expedición, pues “los peticionarios aluden a un alegado daño irreparable basado en sus prerrogativas como legisladores, sin fundamentar el mismo adecuadamente. También se debe indicar que los peticionarios incumplieron con el requisito de presentar la solicitud al menos cinco días antes de la vista para la cual se solicita paralización, sin causa justificada según lo requiere la Regla 28 del Reglamento del Tribunal Supremo…”.

De otra parte, el juez Luis Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad en el que invoca la deferencia mutua, pues el caso sería adjudicado por el Tribunal de Apelaciones de Boston.

“… Aunque nos encontramos ante un asunto de interés público, es el foro federal el que se encuentra precisamente adjudicando la sustancia de la controversia que genera el reclamo de los peticionarios. Ciertamente, todos los funcionarios públicos juramentamos fidelidad a las leyes de Puerto Rico, pero ese deber está acompañado de una fidelidad de mayor rango, a saber: a la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos. Bajo el principio de la deferencia mutua que debemos exhibir los foros judiciales locales y federales, considero inadecuada e inapropiada una intervención de este Tribunal para atender un reclamo de los peticionarios que irremediablemente nos llevaría a adjudicar la controversia que se encuentra ante el Tribunal Federal para el Primer Circuito de Apelaciones”, opinó Estrella Martínez.

El juez Erick Kolthoff Caraballo emitió un voto disidente al que se unió Mildred Pabón Charneco, en el que alegan que el caso es “perfectamente certificable”.

“Dado que el asunto en controversia es si la negativa del secretario de Justicia de defender una ley aprobada por la Asamblea Legislativa viola los principios de separación de poderes dispuestos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resulta innegable que el asunto ante nuestra consideración es uno de alto interés público sobre una cuestión constitucional sustancial. Además, este Tribunal no se ha expresado sobre si el secretario de Justicia tiene el deber ministerial de defender la política pública del estado ante un ataque de constitucionalidad”, indica el voto disidente.

Para la representante del PNP, María Milagros Charbonier, la decisión del TS demuestra “prudencia en un caso tan importante como este”.

“Me parece que la decisión del Tribunal Supremo demuestra que nuestro más alto Foro Judicial está actuando con prudencia en un caso tan importante como este, donde se discute, incluso, el ámbito de sus facultades constitucionales. Sobre todo la decisión plantea el cuidado con lo que se debe tratar esta controversia ante la inminencia de un caso que está planteado ante el Tribunal de Circuito federal y eso es muy importante”, dijo la representante estadista en declaraciones escritas.

“Así son los procesos y decisiones judiciales y a nadie debe sorprender, ni molestar, ni dejar de respetar. Esta es la democracia que vivimos y debemos defender”, añadió.

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