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foto: yasta.pr

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Senado aprueba medida para combatir las leyes de cabotaje

EL CAPITOLIO – El Senado aprobó el lunes a viva voz el informe final de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana, y Economía Social, que preside la senadora Rossana López León, sobre el impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de las Leyes de Cabotaje.

“Lo que pudimos evidenciar en este extenso informe, es que esta ley y sus objetivos desde 1920 ya no tienen ninguna justificación. Esta ley es injusta, es proteccionista y ya no tiene justificación para seguir existiendo. Definitivamente la Ley de Cabotaje federal es injusta y obliga a cada puertorriqueño a pagar más por todo lo que compra, poniendo en detrimento el desarrollo económico de Puerto Rico” dijo López León durante la sesión.

Entre las recomendaciones de la Comisión, está realizar un frente común, entre todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, a los fines de solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos exima a Puerto Rico de las restricciones de la Ley Jones.

“El gobierno de Puerto Rico deberá entrar en una negociación directa con las autoridades federales, con el objetivo de obtener exenciones administrativas del Departamento de Seguridad Nacional sobre ciertas disposiciones de la Ley Jones” indicó.

López León sugirió la creación de una Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa con jurisdicción exclusiva en el tema de la Ley Jones de 1920.

Senado aprueba varias medidas en Sesión

EL CAPITOLIO. – El Senado se reunió en sesión en la tarde del lunes para ver varias medidas, entre ellas una originada en la Cámara que obliga a las agencias gubernamentales de Puerto Rico a cumplir en un plazo de 20 días con el envío de las aportaciones a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).

El Proyecto de la Cámara 1661, enmienda la Ley 9-2013, conocida como Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013, a los fines de establecer las obligaciones de las entidades gubernamentales en cuanto a las aportaciones retenidas a los socios por concepto de ahorros, plazos de amortización de préstamos, las primas de seguro o cualquier otro pago aplicable al momento, según dispuesto en la Ley; para disponer el término para remitir dichas aportaciones a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros asuntos relacionados.

En el informe de la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado, que preside el senador Ramón Luis Nieves Pérez, se informa que al amparo de la Ley 9-2013, las entidades gubernamentales tienen la responsabilidad de realizar los descuentos allí autorizados y remitirlos a la Asociación. Se señala que en los últimos años se ha denunciado que entidades gubernamentales incumplen se deber de remisión de retenciones a la Asociación lo que afecta los beneficios de los socios.

Ante tales circunstancias, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio reiterar que las entidades gubernamentales, tienen que remitir oportunamente las aportaciones retenidas, para lo cual se dispone un término de 20 días posterior al mes siguiente en que se realizaron las retenciones.

Además, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 174, de la autoría de la senadora Margarita Nolasco, ordena al Secretario de Salud realizar enmiendas a la reglamentación aplicable a la práctica de la medicina radiológica, a los fines de requerir que los informes de mamografías incluyan resúmenes que contengan datos sobre la densidad del seno del paciente e información sobre los beneficios que pueden representar el que se realicen pruebas suplementarias.

También, la Resolución del Senado 1127, de la autoría del portavoz del PPD, Aníbal José Torres Torres, ordena a la Comisión de Salud y Nutrición realizar una investigación en relación a los procedimientos de licenciatura y examen ofrecidos por la Junta Dental Examinadora; determinar si los mismos se están llevando a cabo conforme a lo dispuesto en su Ley Habilitadora y la reglamentación pertinente promulgada; indagar en cuanto a las relaciones entre dicha Junta y sus miembros, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, sus directivos y miembros, y con el Departamento de Salud; con el propósito de evaluar si las mismas están contribuyendo a un clima de colaboración entre el sector público y los profesionales de la salud dental.

Asimismo, la Resolución del Senado 1128, de la autoría del senador Ángel M. Rodríguez Otero, ordena a las comisiones de Banca, Seguros y Telecomunicaciones y a la de Vivienda y Comunidades Sostenibles realizar una investigación sobre la posibilidad de establecer condiciones que permitan a miles de ciudadanos con hipotecas cuyo valor actual es menor que la deuda hipotecaria, también conocidas como Underwater Mortgage, ampliar las opciones legales y administrativas mediante acuerdos con los bancos y cooperativas que facilite refinanciar a las tasas de interés prevalecientes en el mercado actual, como paliativo a la crisis económica que enfrentan y eliminar el riesgo de la ejecución de sus hogares mediante la posibilidad de un pago mensual más bajo.

De igual manera, la Resolución del Senado 1129, de la autoría del senador Ángel Martínez Santiago, que ordena a la Comisión de Corporaciones Públicas y Alianzas Público Privadas realizar una investigación con relación al mantenimiento de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Distrito de Arecibo y las razones para los incidentes que tuvieron lugar en Barceloneta y Arecibo el 24 y 25 de marzo de 2015, respectivamente.

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