Se defiende Lorna Soto denuncias de Martin Vargas de que cobra más de lo que permite la ley

MartinVargas_CanovanasCANÓVANAS  – La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto reaccionó el jueves, diciendo que da la bienvenida a investigaciones referidas por el senador Martín Vargas Morales de que la alcaldesa viola la Ley de Municipios Autónomos al recibir un salario mayor al establecido en el estatuto desde que asumió el cargo el primero de julio de 2014.

“Le damos la bienvenida a cualquier investigación, respeto y valoro la objetividad de la Oficina de Ética y otras entidades. La Legislatura Municipal ha actuado conforme a derecho. Lo que es un hecho es que yo tengo un sueldo menor, que no tengo carros oficiales, que no tengo chofer, ni celular del municipio, y mucho menos tarjeta de crédito pagada con fondos públicos. Por ser un caso que ya está en investigación y para mantener la pureza del mismo no emitiré más comentarios. Este proyecto es de fácil entendimiento, no sé cuál es la confusión del convicto Senador y autor de la medida. No voy a darle standing al Convicto Senador. Lo que es un hecho es que fui electa el 30 de mayo de 2014 y certificada por la Comisión Estatal de Elecciones y según dispone la Ley de Municipios Autónomos. Todas las acciones del Municipio han sido regidas por una opinión legal y estricto análisis jurídico. El Municipio y su Legislatura Municipal cuentan con una opinión legal que sostiene que la Ley 69 de 2014 no le aplica a la Alcaldesa ya que la misma fue aprobada posteriormente. Estoy en las mismas condiciones que cualquier otro alcalde electo y hemos actuado según las leyes aplicables”, reaccionó Soto en declaraciones escritas.

“Demostrando la validez de las acciones del Municipio, sometimos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, toda la información y la opinión legal referente a este asunto. El Convicto Senador, lo que busca es desviar la atención de todas las situaciones provocadas por la ineptitud de la administración del Partido Popular Democrático, tales como el IVA, la crudita, la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros”, concluyó la alcaldesa.

El senador Thomas Rivera Schatz por su parte expresó que las alegaciones del senador Martín Vargas Morales en contra de la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto son incorrectas y viciosas, típicas de lo que se ha caracterizado esta Administración.

“La alcaldesa está en perfecto cumplimiento con la Ley 69-2014. Las acusaciones que contra Lornna Soto hace el senador son el comportamiento típico del Gobierno Popular que durante este cuatrienio han estado acusando y mancillando la reputación de todo el mundo. Acusaron a los médicos y abogados de evasores, a la Policía de Puerto Rico de ser la más corrupta, a los maestros y pensionados de jaiba, a los sindicalistas y trabajadores de vividores y recientemente acusaron a los residentes de Dorado de truqueros. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que no tiene obra ni servicios; más una derrota por acercarse? Obviamente, más acusaciones viciosas, difamaciones e intentos de desviar la atención pública de todos los problemas sociales y económicos que han provocado precisamente por su ineptitud”, manifestó el expresidente del Senado en declaraciones escritas.

Rivera Schatz sostuvo que “el senador Martín Vargas sabe que la alcaldesa fue electa antes que entrara en vigor la ley. Martín Vargas, tiene conocimiento que Lornna Soto, tan pronto juramentó, estableció un plan de economías en el Municipio de Canóvanas que es de conocimiento público y se redujo su salario, aun así quiere acusarla por propósitos meramente políticos. Este Gobierno Popular y el senador Martín Vargas, sepan que si intentan nuevamente una persecución maliciosa, tomaremos las medidas necesarias para defenderla y hacer valer la Ley. El Gobierno del PPD no tiene la talla moral e intelectual para acusar a nadie”.

El senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Martín Vargas, denunció que la alcaldesa del municipio de Canóvanas, Lornna Soto, viola la Ley de Municipios Autónomos al recibir un salario mayor al establecido en el estatuto desde que asumió el cargo el primero de julio de 2014.

“La alcaldesa, al llegar a la poltrona municipal, debía recibir el salario base establecido para un municipio con la población de Canóvanas… Sin embargo, la alcaldesa se adjudicó el salario del renunciante José ‘Chemo’ Soto, de 9,400 dólares mensuales”, denunció Vargas en conferencia de prensa.

Vargas refirió el caso el jueves al Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), Ética Gubernamental, y a la Contralora.

De acuerdo con la Ley de Municipios Autónomos, cuando un nuevo alcalde tome posesión del cargo antes del segundo lunes de enero de 2017, fecha en que entra en vigor la disposición del nuevo salario basado en la población del municipio, el nuevo funcionario deberá cobrar el salario base que estipula la ley. Esta disposición incluye la renuncia, destitución, fallecimiento o destitución del alcalde incumbente.

Vargas señaló que fue la propia Soto quien admitió públicamente que devenga un salario de más de ocho mil dólares mensuales en vez de los seis mil quinientos dólares correspondientes al nuevo salario basado en la población del municipio. Soto hizo las admisiones durante una entrevista televisiva.

Soto, que asumió la posición de alcaldesa tras el retiro de su padre, el exalcalde José “Chemo” Soto, y “heredó” su salario de 9,400 dólares. No obstante, la hoy alcaldesa se había rebajado su salario en siete por ciento como parte de una reducción salarial que ordenó se hiciera todos los empleados municipales. Pero la rebaja no fue suficiente como para que el nuevo salario de Soto cumpliera con el salario base de la Ley de Municipios Autónomos. Según Vargas, la alcaldesa ha estado cobrado un exceso de 2,242 dólares mensuales desde julio de 2014 (mes en que asumió la poltrona municipal) hasta acumular un sobrepago de 22, 420 dólares hoy día.

Vagas recordó que la ley es muy específica y que al no cumplirla, Soto se expone a ser acusada criminalmente por apropiación ilegal de fondos públicos, y podría enfrentar hasta 15 de .cárcel, además de tener que restituir el dinero cobrado en exceso.

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