Jueces del Supremo utilizan un caso para debatir sobre la separación de Iglesia y Estado

tribunal-supremo1-300x200311SAN JUAN – Un caso que llegó al Tribunal Supremo sirvió de base para que mediante escritos los jueces del Alto Foro puertorriqueño comenzaran un debate sobre las recientes expresiones en un foro del juez asociado Eric Kolthoff Caraballo sobre el rol de las organizaciones religiosas en el Gobierno.

En el caso Sara Cortés versus Academia Wesleyana, el juez asociado Rafael Martínez Torres, en un escrito al que se unieron los jueces asociados Mildred Pabón Charneco y Roberto Feliberti Cintrón, dijo que: “Como la revisión es contra el resultado y no contra los fundamentos del dictamen del Tribunal de Apelaciones, voto conforme con proveer no ha lugar el recurso”.

La determinación fue 5 votos a favor de los jueces Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Roberto Feliberti Cintrón Edgardo Rivera García y Eric Kolthoff Caraballo. El juez asociado Luis Estrella se inhibió mientras que las juezas asociadas Liana Fiol Matta, Anabelle Rodríguez Rodríguez y Maite Oronoz Rodríguez se opusieron.

“Nuestra responsabilidad constitucional nos obliga a respetar toda creencia religiosa y nos veda de la incentivación de alguna en particular… Abrazar una creencia religiosa en particular supone irremisiblemente la lesión de los derechos de libertad de culto y de conciencia de los ciudadanos que no participan del credo que el poder público se dedica a incentivar. En esta tarea debemos proyectar siempre, con nuestras acciones y nuestras expresiones públicas, imparcialidad, ecuanimidad y total ausencia de abanderamientos. Como indiqué, al poder público le está vedado comprometerse con los contenidos de una creencia religiosa”, indica la opinión de la jueza asociada Rodríguez Rodríguez a la que se unieron Fiol Matta y Oronoz Rodríguez.

Entretanto, en la opinión escrita por el juez Edgardo Rivera García y suscrita por el juez Kolthoff Caraballo, quien es evangélico protestante, mencionó que “resulta “sorpresivo” que la juez asociada Rodríguez Rodríguez gaste papel y tinta exponiendo porque el fundamento utilizado por el Tribunal de Apelaciones es incorrecto. Sus expresiones no tan solo resultan inaplicables, sino totalmente forzadas como si quisiera expresar su inconformidad con otras situaciones recientes que nada tienen que ver con los méritos del presente caso”.

De otra parte, el juez también criticó que la jueza asociada Rodríguez Rodríguez, quien presidia el panel que tenía como encomienda resolver el recurso de Certiorari, se tardó “más de 10 meses”.

“Ese proceder no debe conllevar un atraso en la disposición de los recursos ante nuestra consideración. Máxime, cuando al final se circulan expresiones disidentes cuyo contenido no tan solo se distancia de las normas básicas de revisión, sino que tienen el único objetivo de funcionar cuan comunicado de prensa en ánimo de expresar su incomodidad con acontecimientos recientes no relacionados con los méritos del caso de epígrafe.

En síntesis, la petición de Certiorari que llegó al Tribunal Supremo tiene que ver con la decisión del Tribunal de Apelaciones, en un panel integrado por los jueces Nélida Jiménez Velázquez, Gloria Lebrón Nieves e Irene Soroeta Kodesh quienes determinaron que el foro intermedio no tenía jurisdicción para atender el caso.

“La controversia planteada no está sujeta al escrutinio judicial por violar las cláusulas de libertad de culto y separación de Iglesia y Estado”, indica la sentencia del panel de juezas.

La Academia Wesleyana es un colegio con base en la religión evangélica.

Según la demanda, Sara Cortes y su esposo Edgardo Devariel, demandaron por daños al colegio luego de que su hijo supuestamente planificara en octubre de 2007 junto con otros estudiantes “recolectar, fermentar y esparcir orín en las pertenencias de una estudiante de un grado menor que él”.

A raíz del incidente calificado como de acoso escolar y una vez investigado por la directiva del colegio, el menor fue sancionado con la suspensión de 7 días de clases, trabajos de limpieza y mantenimiento en la escuela y la “publicidad de los actos vandálicos entre la comunidad escolar”.

Los padres del menor pedían, entre otras, alrededor de un millón de dólares en daños. Por el incidente y los supuestos daños emocionales que sufrió el menor como consecuencia del castigo, decidieron sacar antes de tiempo, tanto al estudiante de noveno grado como a su hermana del colegio.

Al contestar la demanda, la Academia Wesleyana aseguró que la “penitencia” impuesta al menor no podía ser evaluada por el Tribunal, porque “violaba el principio constitucional de separación de Iglesia y Estado”.

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