Fiol Matta asegura recortes a Rama Judicial afectan estabilidad constitucional

fotoSAN JUAN – La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) Liana Fiol Matta, ofreció el jueves una Lección Magistral titulada “La Justicia en tiempos de retos en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce”, que estuvo centrada en las consecuencias que ha tenido el recorte de presupuesto que enfrenta la Rama Judicial y su impacto en la administración de la justicia y en la independencia judicial.

Tras hacer un recuento de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico y de los diferentes métodos de asignación de presupuesto a la judicatura establecidos por varias legislaciones, Fiol Matta recordó que el pasado año la Rama Judicial recibió un recorte de 54 millones de dóalres como resultado de la aprobación de la Ley Especial 66-2014.

“Este estatuto, llamado la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, estará vigente hasta el año 2017. En términos generales, se suspendió la asignación automática del presupuesto, se congeló el presupuesto de la Rama Judicial en la asignación correspondiente al año fiscal 2013-2014 y se le aplicó un ajuste adicional de 7.4 por ciento, que no sufrieron las otras entidades que también recibían sus asignaciones de manera automática en virtud de una fórmula, los municipios y la Universidad de Puerto Rico. El efecto neto de esas medidas fue que la Rama Judicial recibió 53.9 millones de dólares menos de lo que le correspondía para el año fiscal 2014-2015 y 25.8 millones menos de lo que había recibido en el año fiscal 2013-2014”, explicó la jueza presidenta.

La togada sostuvo que contrario a otras entidades o agencias gubernamentales, para el sistema de tribunales es muy difícil absorber recortes presupuestarios significativos, pues no tienen la escala o diversidad de actividades y proyectos que tienen otras ramas.

“Si no hay tribunales o solo hay unos tribunales significativamente disminuidos, la sociedad será privada de su derecho constitucional a un debido proceso de ley; el pueblo no tendrá forma de asegurar que las otras dos ramas del gobierno cumplan las leyes que ellas mismas aprueban y ejecutan. Tampoco habrá dónde reclamar protección contra acciones inconstitucionales del Estado ni violaciones a derechos individuales fundamentales. En fin, no habrá instrumento para asegurar el orden social y el costo final, tanto económico como socio-político, superará por mucho los recortes a nuestro presupuesto”, añadió Fiol Matta.

Por otro lado, la presidenta del Máximo Foro Judicial del país trajo a la atención de la comunidad académica presente en la actividad que mayores recortes presupuestarios ocasionarían dilaciones en la administración de la justicia y ocasionaría un disloque en la prestación de todos los servicios que presta la judicatura a la ciudadanía.

“Entre los problemas que puede acarrear la continua falta de recursos económicos, está la congestión de los calendarios y el atraso en la resolución de los asuntos judiciales, principalmente en el área civil. En Puerto Rico se presentan aproximadamente 628,000 situaciones y conflictos anualmente en los tribunales de toda la Isla. El número de jueces y juezas, como sabemos, es estable porque está dispuesto por la Ley de la Judicatura. Ahora bien, si se congelan las plazas del personal de apoyo en cantidad significativa, el trabajo que estos funcionarios realizan recaerá sobre la judicatura. Esto restará agilidad a la resolución de las controversias”, alertó al asegurar que ha tomado medidas encaminadas a reestructurar sus operaciones con el fin de reducir gastos y generar economías.

Entre los servicios que se verían afectados enumeró las Cortes de Drogas, las Salas Especializadas en Violencia Doméstica, las Salas Integradas de Familia y Menores y la de Salud Mental. También, los Centros Pro Se, los Centros de Mediación de Conflictos, el programa de Justicia para la Niñez, y el Protocolo de atención a personas sin hogar.

Fiol Matta fue más allá al asegurar que al afectar la garantía de estabilidad que provee la independencia judicial se pone en precario el desarrollo económico del país.

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