Federales encuentran a Valentín Valdés Ayala culpable de fraude de quiebra

7sA2D7SaDArodriguez_velez_rosa_emilia-300x2021SAN JUAN  – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, anunció el jueves que después de ocho días de juicio por jurado, Valentín Valdés Ayala fue hallado culpable de treinta y un cargos de fraude de quiebra, falsificación de registros de quiebra, fraude electrónico, robo de identidad agravado y desacato al tribunal.

“El demandado defraudó no sólo sus clientes, sino también a los beneficiarios de manutención infantil y el gobierno Puerto Rico, y lo hizo mediante el uso de los tribunales de los Estados Unidos de quiebra”, dijo Rodríguez Vélez en un comunicado de prensa en el que mencionó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), estuvo a cargo de la investigación.

Mencionó que durante el transcurso del juicio la evidencia demostró que el propósito de la maniobra fraudulenta era obtener ganancias financieras y de obstaculizar y retrasar los esfuerzos de recolección de la Comunidad de Puerto Rico, a través de ASUME, y/o por los beneficiarios de pensiones de manutención infantil contra deudores de manutención de niños que no habían cumplido con sus obligaciones de manutención.

Sostuvo que Valdés Ayala incorporó una organización sin fines de lucro llamada Fundación Lucha Pro-Padres convictos Por Pensión, Corp. [sic] con el supuesto propósito de defender los principios y la dignidad de cada padre condenado por falta de pago de manutención de menores y la obtención y promoción de la liberación de todos los presos, así como la defensa de las relaciones padre e hijo. También creó Lágrimas en la Prisión, Inc., una corporación sin fines de lucro que se constituyó con el propósito de la preparación de pedidos de quiebra.

Rodríguez Vélez dijo que el acusado, a través de Fundación Lucha Pro Padres convictos Por Pensión, Corp. [sic], solicitó individuos que fueron encarcelados o se enfrentan encarcelamiento por no cumplir con los pagos de manutención, prometiendo a aquellos individuos que – a cambio de honorarios pagados a él y/o su entidad – que sería liberado de prisión y/o evitar la cárcel sin tener que hacer ningún pago de su deuda de manutención de menores. Valdés Ayala, prometió además que iba a obtener la eliminación y/o reducción de la deuda de manutención de menores.

El acusado entonces presentó o hizo que se presentaron peticiones al Capítulo 13 de quiebras que permitió a los deudores a ser puestos en libertad sin tener que pagar la manutención atrasada a ASUME debido a la operación de la suspensión automática de la quiebra en contra de las acciones de cobro.

Con respecto a sus honorarios, Valdés Ayala indicó a sus potenciales clientes que su tarifa incluida la representación legal (a pesar de que no es un abogado), las tasas de presentación, y una membresía término en su entidad, que les garantizaría la representación legal en su hijo caso de soporte a lo largo de la duración de su membresía plazo. Al recibir el pago del demandado proporcionaría un recibo indicando que el pago fue una donación.

La fiscal federal detalló que como parte del plan para defraudar, ideado por Valdés Ayala, ayudó a cientos de deudores con la presentación de falsos y fraudulentos pedidos al Capítulo 13 de quiebra. Desde agosto de 2010, hasta noviembre de 2013, 412 solicitudes de certificados de asesoría de crédito se procesaron a través de la cuenta de Valdés Ayala con la Fundación Asesores de Crédito. Estos certificados fueron incluidos junto con la petición de bancarrota.

“Valdés Ayala trató de obtener la mayor cantidad de dinero posible, durante el mayor tiempo posible, de sus clientes. Cuando los pedidos de quiebra fraudulentas en última instancia fueron desestimadas por los tribunales de quiebras, el acusado dejó de contactar con sus clientes, que de nuevo se enfrentan encarcelamiento inminente para los pagos vencidos de manutención de niños”, sostuvo la fiscal federal.

“El FBI continuará trabajando para asegurar la confianza contínua del público en el proceso de quiebra”, dijo por su parte Carlos Cases, director del FBI en Puerto Rico.

El caso fue procesado por los fiscales federales Mariana Bauzá y John Mathewsa. La sentencia fue programada para el 6 de agosto de 2015.

El acusado se enfrenta a un máximo de 30 años en prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de dos años para cada uno de los dos cargos de robo de identidad agravado.

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