Estados y territorios en contra de las leyes de cabotaje

foto: yasta.pr

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EL CAPITOLIO  – El Senado de Puerto Rico acogió la tarde del lunes el informe de la Resolución 237. Los resultados de la investigación fueron presentados en el foro titulado Cabotaje: Muralla al desarrollo económico, en el que participaron senadores de Hawái, Alaska y Guam.

Según se informó, la medida encomendó a la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, investigar el impacto de las Leyes de Cabotaje y el informe de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). Así, su autora, la senadora Rossana López León desarrolló resultados contenidos en cerca de 200 páginas donde el sector industrial, el comercial y el detallista de Puerto Rico, mostraron las formas en que esta restricción federal obstruye su desarrollo económico.

A los esfuerzos investigativos de la Comisión se unieron senadores de Hawái, Alaska y Guam, estados y territorios también afectados por las normas que regulan el transporte marítimo entre puertos de los Estados Unidos. Estas normas impiden que un barco viaje entre estos puertos si no son de fabricación, tripulación y bandera norteamericana.

“Entre los descubrimientos de la Resolución del Senado 237 se destaca el que la marina mercante de los Estados Unidos hace décadas no se usa en conflictos bélicos, vimos que menos de un 1 por ciento de los barcos del mundo se producen en Estados Unidos y han perdido más de 80 mil empleos en los últimos años. Esas son las premisas de la imposición de estas Leyes y al no cumplirse, ponen a Puerto Rico en una posición vulnerable en cuanto a su seguridad alimentaria y su desarrollo económico”, resumió Rossana López León, senadora por acumulación y autora de la medida.

Por cerca de dos años, la Comisión presidida por López León recibió cerca de 40 ponencias de ciudadanos que demostraron cómo el cabotaje les impide desarrollar sus negocios y más de 10 estudios locales e internacionales que plasman la problemática situación provocada por una centenaria ley federal.

Indicó que los profesores Jeffrey Valentín Mari y José I. Alameda Lozada del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, participaron del foro, en 2012, ambos presentaron un estudio que destacó que todos los estudios realizados en relación a la Ley Jones de 1920 y la economía de Puerto Rico, aunque realizados con metodologías distintas, concluyen que la misma tiene un efecto negativo en la Isla. Ahí estimaron que el impacto económico de la Ley Jones en 537 millones de dólares durante el año fiscal 2010 y el costo tuvo su mayor alcance durante el año fiscal 2000, el cual se estimó en 1.1 billones de dólares.

López León señaló por otra parte, que comparando la situación de los puertorriqueños con la de los hawaianos, quedó demostrado que una comida al día le cuesta a una familia cerca de 500 dólares anuales. El transporte marítimo de los productos que usamos a diario, cuesta en la marina norteamericana costaba el doble que en marina internacional, ahora con la salida de una de las cuatro empresas que nos prestaba servicios, esos costos han aumentado, costos que eventualmente llegarán a las góndolas de los comercios.

Según la senadora, el informe senatorial también concluye que las leyes de cabotaje violan el derecho a la alimentación adecuada, cual es corolario de los derechos humanos reconocidos internacionalmente debido a que la isla exporta el 80 por ciento de lo que consume.

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