Esperan Supremo de Estados Unidos resuelva en junio caso de matrimonio gay

240px-Rainbow_flag_and_blue_skiesSAN JUAN  – Luego que el Tribunal Apelativo de Boston paralizara el caso de Puerto Rico sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), la licenciada Ada Conde dijo el miércoles que espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita su decisión, tan pronto como en junio próximo.

“Junio de este mismo año. Junio de 2015. En junio baja la determinación, ya dentro del contexto de lo que había dicho el Tribunal el año pasado en el caso de Windsor, de que la Constitución de Estados Unidos a nivel del sistema federal no tolera ni permite el discrimen contra ciudadanos norteamericanos ni establece ciudadanía de segunda categoría. No menos, que es la misma línea de cuando se aplica la decimocuarta enmienda en los estados, porque los menos que pueden ir en contra del sistema federal, son los estados”, dijo Conde en entrevista radial (NotiUno).

Conde aseguró que una vez el Supremo resuelva el caso, en la isla se podrán efectuar bodas entre parejas del mismo sexo y el estado tendrá que reconocer todos los matrimonios homosexuales que se hayan contraído en todos los estados de Estados Unidos.

El Circuito de Apelaciones en Boston paralizó el martes su determinación en torno a la demanda que agrupa a cinco parejas puertorriqueñas sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en espera de la decisión del Máximo Foro Judicial estadounidense. La orden de la corte establece que “ante los casos pendientes en el Tribunal Supremo, nos parece prematuro establecer una fecha para los argumentos orales. Luego de catorce días tras las decisiones del Supremo en los casos de matrimonios entre el mismo sexo, Obergefell v. Hodges, Número 14-556, etc., las partes conferirán y propondrán el itinerario para proceder”.

“Lo que estamos hablando es que ha equiparado el caso que está ante la consideración de Boston, el caso de Puerto Rico, a los mismos hechos y al caso que está ante el Tribunal Supremo a ciudadanos norteamericanos como el caso de Puerto Rico, que están reclamando que no se le puede discriminar bajo la Constitución de Estados Unidos de América”, detalló Conde.

“Es bien importante ponerlo en este contexto. Los abogados del caso sometimos una moción de carácter urgente pidiéndole al Tribunal de Boston que celebrara con carácter de urgencia la vista oral ya que estaba sometido el caso, ante la inminencia de que el Tribunal Supremo tiene las vistas orales que van a ser dentro de dos semanas. ¿Qué dice el Tribunal de Boston?: ‘ante la urgencia del caso y ante la inminencia de que ya el Tribunal Supremo está celebrando vistas argumentativas en un caso que es igual que este… nosotros vamos a paralizar, hasta tanto y en cuanto, porque las vistas son dentro de dos semanas y el Tribunal Supremo en uno o dos meses va a tomar la decisión”, explicó.

Indicó que de ser así, una decisión positiva, entonces el caso se volvería académico. “De lo contario, el caso se mantiene para nosotros volver otra vez al calendario”, sostuvo.

Según reportes de prensa, en dos semanas, se espera que el Tribunal Supremo estadounidense lleve a cabo vistas sobre las demandas en los estados de Tennessee, Ohio, Kentucky y Michigan.

En la isla, el secretario de Justicia, César Miranda, anunció en marzo que no defenderá la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que impone la composición matrimonial entre un hombre y una mujer. Miranda mencionó que incluso su postura tomada originalmente sobre el caso de Ada Conde en torno a su matrimonio con Ivonne Acosta no le había permitido dormir.

Conde recurrió al Circuito de Apelaciones de Boston luego que el juez federal Juan Pérez Jiménez desestimara la demanda que presentó para que se reconozca en la isla el matrimonio entre personas del mismo sexo y para que se reconociera en Puerto Rico su matrimonio que contrajo en el estado de Massachusetts con Ivonne Álvarez Vélez. A la demanda, que es contra la secretaria de Salud, Ana Ríus y contra la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, se unieron otras cuatro parejas.

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