DACO objeta impacto económico de cambios a la Ley de Derecho Administrativo

dacoEL CAPITOLIO – Cinco agencias gubernamentales favorecieron el viernes, la reforma a la Ley de Reforma del Derecho Administrativo que evalúa la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, pero advirtieron sobre el impacto económico que podría implicar la misma.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), La Comisión de Servicio Público (CSP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) plantearon sus respectivas posiciones durante una vista pública que presidió el senador Ángel Rosa Rodríguez, en la que se consideró el Proyecto de la Cámara 1130, que propone adoptar la Ley de Reforma del Derecho Administrativo mediante enmiendas sustanciales a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Número 170-1988.

El secretario del DACO, Nery Adames Soto, señaló que, siendo la LPAU la columna vertebral de los procedimientos administrativos en cada agencia pública, se debe reconocer que cualquier requisito, imposición, condición o requerimiento adicional a éstas que conlleve un impacto monetario, debe ser rechazado de plano por la Comisión. “Simplemente, no se puede hablar de mejorar la eficiencia gubernamental o cortar gastos presupuestarios de las agencias públicas imponiéndose nuevos requerimientos legislativos que tengan como efecto o consecuencia encarecer sus labores y comprometer presupuestos que ya están realmente al límite”, dijo Adames Soto en un comunicado de prensa.

Asimismo, indicó que la medida establece la obligación de divulgar en los portales electrónicos de las agencias públicas un registro de las decisiones e interpretaciones oficiales emitidas que sientan precedente, sean persuasivas o normativas, con sus correspondientes índices temáticos. Adames Soto planteó aunque la idea es buena, requeriría recursos humanos adicionales que actualmente DACO no tiene, y tampoco contempla tener por causa de las economías presupuestarias que el Ejecutivo responsablemente viene asumiendo.

De otra parte, comentó que sería recomendable que el Reglamento contemplara no solo la mediación, sino otros métodos alternos, como el arbitraje y la intervención neutral. Así mismo llamó la atención a la Comisión de que obligar a las agencias públicas a publicar en un periódico regional los anuncios sobre adopción, enmienda o derogación de un reglamento, adicional al anuncio en un periódico de circulación general, es una de esas cargas económicas que advirtió al comienzo de su exposición, que se debe evitar.

Por su parte, el presidente de la CSP, Omar Negrón Judice, quien estuvo representado por el Lcdo. José Pérez, recomendó que en vez de aprobarse un reglamento uniforme para todas las agencias, se incorpore en la medida un artículo que le reconozca discreción a las agencias a base de su peritaje y se establezcan más bien guías del contenido que todo reglamento de procedimiento adjudicativo debe tener incorporado.

Mientras tanto, el secretario interino del DRNA, Julio Méndez, quien estuvo representado por la Lcda. Merangeli Valentín Santiago, señaló que todos los principios en la medida, sin duda, encaran un gran reto ante la marcada reducción de personal que ha experimentado el gobierno por los pasados años y ante la estrechez económica que dificulta la implantación efectiva.

Por su parte, el director ejecutivo de OGPe, arquitecto Alberto Lastra Power, representado por la Lcda. Vannesa Berríos Morales, recomendó que se enmiende el proyecto para eliminar la notificación por correo certificado de las determinaciones finales, ya que conlleva un gasto adicional para la agencia, por lo que recomienda que se considere la notificación vía correo electrónico como el mecanismo primario para la notificación de determinaciones finales, siendo cualquier otro método el medio supletorio.

En cambio, el director ejecutivo de la JCA, Weldin Ortiz Franco, quien estuvo representado por la Lcda. Rebeca Acosta, señaló que está de acuerdo con el propósito del procedimiento de mediación, siempre y cuando el mismo sea definido de forma clara y específica.

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