Juez federal declara inconstitucional la “Ley de la Quiebra Criolla”.

220px-Francisco_Augusto_BesosaSAN JUAN  – El juez federal Francisco Augusto Besosa declaró en la noche del viernes, inconstitucional la Ley 71 de 2014, aprobada el 28 de junio de 2014, conocida como la “Ley de la Quiebra Criolla” al opinar que dicho estatuto ya está ocupado por el Código de Quiebras de los Estados Unidos.

Según Besosa, “la Ley de Recuperación es invalidada por el código de bancarrota federal y por lo tanto es nulo de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. Los acusados del Estado Libre Asociado, y sus sucesores en el cargo, están obligados permanentemente a hacer cumplir la Ley de Recuperación”, reza la opinión.

El pleito surgió tras una demanda incoada por las firmas Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax-Free Trust, quienes poseen alrededor de dos mil millones de dólares en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, reaccionó en la noche del viernes indicando que “estamos revisando los parámetros de la decisión. A su debido tiempo, y luego del análisis responsable que este asunto conlleva, determinaremos el curso de acción. He solicitado de la Procuradora General y de los abogados que intervinieron en la defensa original del Estado Libre Asociado en esta acción ante el tribunal federal, que completen el análisis que la decisión demanda. Luego decidiremos la acción a tomar”.

No obstante, las reacciones a la decisión federal no se hicieron esperar. El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi indicó que propulsará legislación en el Congreso para incluir a la isla dentro del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal.

“Como dije desde que se radicó sorpresivamente la Ley de Quiebra Criolla, la restructuración del pago de deudas en Estados Unidos es un asunto federal que sólo puede atenderse de acuerdo a la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Más aún, tan pronto se aprobó atropelladamente esa ley, radiqué un proyecto ante el Congreso para que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal y nuestras corporaciones públicas puedan reestructurar el pago de sus deudas en caso de que caigan en un estado de insolvencia. Continuaré propulsando el proyecto hasta lograr su aprobación por el bien de Puerto Rico”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

De otra parte, la expresidenta cameral, Jenniffer González Colón repudió que la aprobación de la “Quiebra Criolla” se haya aprobado “a toda prisa sin debate ni análisis, costó que degradaran por segunda vez en cuestión de meses la calificación crediticia de la deuda de Puerto Rico. Este es otro golpe a la credibilidad del gobierno”.

La portavoz de la minoría novoprogresista en la Cámara de Representantes advirtió el pasado 26 de junio, cuando se aprobó el proyecto en la Cámara, que de convertirse en ley llegaría a los tribunales por sus vicios constitucionales.

“Esta quiebra que ha radicado el gobierno para las corporaciones públicas es otra muestra de la improvisación en términos del manejo de la situación económica y la falta de un plan de desarrollo para el pueblo de Puerto Rico en los últimos 18 meses. Nos preocupa que estas 294 páginas de un proyecto que se aprueba en el último día de Sesión va a ser impugnado en los tribunales. Nosotros entendemos que existen elementos como el Dolo, donde se ha engañado, se le oculto información no solo a los inversionistas sino que se hicieron representaciones falsas a sabiendas de que estaban trabajando una reestructuración cuando lo negaron a los inversionistas y bonistas en el mes de marzo y abril”, dijo González Colón en aquel entonces quien a su vez abogó por la derogación de la Ley.

“La declaración de inconstitucionalidad de hoy valida nuestras denuncias que hiciéramos desde la discusión de la medida de que era campo ocupado, inconstitucional de su faz. Otra improvisación que nos cuesta. El gobierno gastó en fondos públicos por la legislación de la quiebra, la descargaron sin debate, a la carrera y su efecto fue la degradación inmediata”, concluyó la expresidenta cameral.

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