Jenniffer González presenta bloque de medidas para enmendar el Código Penal

jennifer_gonzalez_480-300x1991EL CAPITOLIO  – La expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, informó el domingo que presentó un bloque de medidas para neutralizar los cambios firmados por el gobernador Alejandro García Padilla al Código Penal de Puerto Rico 2012 que arriesgan la seguridad de las víctimas y crea confusión en la discusión jurídica.

“A pesar de las advertencias de esta delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), de parte de deponentes que incluyen dependencias del ejecutivo y sobre todo de la preocupación de la ciudadanía, esta administración realizó cambios adversos al Código Penal del 2012, sin medición responsable de sus consecuencias en los trámites judiciales y como se afectarían las víctimas del crimen”, denunció en un comunicado de prensa la también portavoz de minoría en la Cámara.

González Colón explicó que durante lo que llamó “pobre discusión de tema”, ya que solo se le dedicó cinco semanas a transcendental asunto contrastando con los cerca de dos años que le dedicó el cuatrienio pasado el PNP, su delegación no solo mostró su oposición, que ayudó a que los cambios más polémicos no se aprobaran, sino que presentó alternativas a favor de una sana administración de la justicia, que finalmente, fueron ignoradas.

Detalló que las medidas radicadas fueron los proyectos de la Cámara 2295, 2296, 2297, 2298, y 2299.

Alegó que la Ley 246-2014, que recopila las enmiendas aprobadas por el Partido Popular Democrático (PPD) al Código Penal del 2012, trajo cambios trascendentales en las formas de culpabilidad. A modo de ejemplo, se cambió el tradicional concepto de “intención” por “a propósito, con conocimiento, temerariamente”.

González Colón dijo que el Proyecto de la Cámara 2295 contempla estos cambios que fueron criticados por las entidades encargadas de hacer cumplir el Código Penal, tales como el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Administración de los Tribunales, los entes que intervienen directamente en las etapas del proceso judicial.

Por otro lado, sostuvo que el Proyecto de la Cámara 2296 atiende otro de los cambios más criticados en el proceso de discusión y aprobación de la referida ley, lo fue la reducción de 50 a 25 años en tres modalidades del delito de agresión sexual. De igual manera, la reducción de las penas en los delitos contra la propiedad fue objeto de fuertes críticas por parte de la Policía de Puerto Rico, pues precisamente esta modalidad de crímenes son los que con mayor frecuencia se comenten en nuestras calles, y respecto a los cuales la uniformada ha asignado recursos adicionales para prevenirlos.

Entretanto, sostuvo que el Proyecto de la Cámara 2297 trabaja con los cambios que se hicieron en las figuras jurídicas que pueden limitar y hasta eximir de responsabilidad a un individuo como lo sería la legítima defensa, el caso fortuito y la intoxicación. A su vez, se destaca la introducción de la figura de la conducta insignificante como eximente de responsabilidad, la cual no establece unos parámetros que puedan regir el criterio del tribunal o del ministerio público al momento de aplicarla.

Por otro lado, la legisladora indicó que el Proyecto de la Cámara 2298 busca enmendar los cambios a los artículos que regulan quiénes serán las personas que incurrirán en responsabilidad penal. Dijo que las enmiendas realizadas por el PPD, alteran los términos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado y respecto a los cuales se ha adiestrado a los funcionarios que conforman nuestro sistema de justicia. La portavoz entiende que la alteración de los referidos términos, en lugar de promover la justicia, hará más difícil el hacerla efectiva.

Mientras tanto, González Colón señaló que radicó el Proyecto de la Cámara 2299 ante las enmiendas introducidas en virtud de la Ley 246, que establecen normas más estrictas para aplicar las disposiciones sobre la reincidencia, lo que obliga a actuar en contra del bienestar de la sociedad, permitiendo sentencias más flexibles cuando se trata de delincuentes habituales.

Sostuvo que otros cambios de impacto similar son las enmiendas incorporadas al artículo sobre cualificación para Libertad Bajo Palabra, reduciendo los años de cumplimiento de sentencia en casos de asesinato en primer grado y reincidencia habitual.

Asimismo, indicó que los cambios introducidos en el Código Penal de 2012 limitaron la discreción del tribunal para imponer conjuntamente la pena de reclusión y de multa, en los casos en que se entienda meritorio. También, se eliminó el carácter obligatorio de la consideración de circunstancias agravantes en casos tan sensitivos como el secuestro de menores y la intimidación de testigos.

“En fin, los cambios plasmados en la Ley 246, dificultan el que se le haga justicia a las víctimas de delito y a la sociedad puertorriqueña”, expresó la portavoz en la redacción de la medida.

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