Insisten en publicar informes que recomendaron creación de la “Quiebra Criolla”

Capitolio_01-e1376839925357-300x1685EL CAPITOLIO  – El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez criticó el domingo el que las firmas contratadas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para ofrecer asesoramiento sobre la reestructuración económica de Puerto Rico, al igual que la actual administración, no anticiparan en sus informes que la Ley de Quiebra Criolla sería una de carácter inconstitucional.

Sus expresiones surgen a raíz de la decisión del Tribunal de Distrito Federal en San Juan el cual determinó la semana pasada, a través del juez Francisco A. Besosa, que la mencionada ley “es invalidada por el código de quiebras federal y, por tanto, es nula de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.”

“Tanto estas compañías que realizaron los millonarios estudios y presentaron recomendaciones sobre la situación económica de Puerto Rico, como el BGF y el Gobernador, fueron negligentes en la implantación y creación de la mencionada Ley de Quiebra Criolla según se demostró en el Tribunal Federal. Además, se debe investigar si en efecto hubo algún análisis jurídico que a sabiendas obviara la inconstitucionalidad de la ley”, indicó Meléndez en un comunicado.

El representante aseveró que “habíamos advertido de la existencia de un problema jurisdiccional en cuanto a la autoridad del ELA para atender estos asuntos y solo podemos pensar dos cosas; o hicieron caso omiso, o presentaron el proyecto de ley a sabiendas que sería uno de carácter inconstitucional. Ahora más que nunca es importante el acceso a los informes de las firmas Proskauer & Rose, LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millco Advisors, toda vez que de los informes que sometieron estas firmas se haya generado el material para aprobar la Ley de Quiebra Criolla. Por tal razón, insistiré en llevar hasta sus últimas consecuencias la demanda que presenté contra el gobierno para que todos tengamos acceso a la información”.

El legislador recordó que el 20 de octubre de 2014 el presentó un recurso de mandamus contra el BGF y sus directivos en el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan por negarse a hacer públicos los informes realizados por las firmas privadas Proskauer & Rose LLP, Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millco Advisors.

Dijo que estas compañías realizaron estudios y presentaron recomendaciones al BGF y al gobernador sobre la situación económica de Puerto Rico y cuáles serían los pasos a seguir para la creación de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley de Quiebra Criolla). Hasta el momento el Tribunal no ha tomado una determinación final sobre la petición de revelar el contenido de los informes que le costaron millones de dólares al erario público.

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