Federales acusan a 25 por narcotráfico en residencial de Yauco

7sA2D7SaDArodriguez_velez_rosa_emilia-300x202SAN JUAN  – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó el martes que un total de 25 personas fueron acusadas el pasado viernes por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas en el residencial Santa Catalina de Yauco, cerca de una escuela.

Según Rodríguez, la acusación alega que a partir de 2007, la organización distribuyó heroína, crack, cocaína y marihuana a 1,000 pies del mencionado residencial público y la escuela pública de Santa Catalina, con fines de lucro y beneficio.

La fiscal federal detalló que entre los 25 acusados están José L. “Walter” Colón Paneto; José A. “Jun” Colón Paneto; Jonathan “Johnny” Vargas Torres; Christian “Chola” Vargas Torres; Ricardo “Ricardito” Camacho; John John Maldonado Paneto; Jesús “Jesús Payaso” Santiago Bracero; Carlos Manuel “Chiqui Moya” Pérez Lugo; Julio Alberto “Berti” Millán Irizarry; Baldo Anthony “Anthony” Cancelar Pérez; Fernando “Chinito” Pacheco Ortiz y Luis Alberto “Kiri” Figueroa Pagán.

Asimismo, dijo que también fueron acusados Christian Xavier “Pitito” Torres Rivera; Wilson R. “Gordo Payaso” Santiago Bracero; Raymond L. “Lamberty” Lamberty Torres; Juan Pablo Rivera Santiago; Radamés “Rada” Medina Irizarry; Luis Gabriel “Mona” Quiñones Padilla; Manuel “Manolo” De Jesús Castro; Juan Ramón “Monchi” Flores Colón; Adela Paneto Soto; Melvin “Melvito” Medina Caraballo; Prett “Pre” Onell Santa Torres; Alexis Javier Aponte Negrón y Daniel “Viejo Danny” Rodríguez Santiago.

La fiscal además dijo que como parte de la conspiración, los acusados y sus co-conspiradores establecieron puntos de distribución de drogas entre los edificios 6, 13, 23, 24, 25; las construcciones de remolques, la cancha de baloncesto y el centro comunitario.

Rodríguez detalló que los 25 co-conspiradores tenían diversas funciones con el fin de promover los objetivos de la conspiración. Había tres líderes administradores propietarios del punto de drogas; tres ejecutores; cinco corredores y 14 vendedores. Nueve de los acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas durante delitos de tráfico de drogas, incluyendo rifles de “alto poder”.

Por otro lado, la funcionaria precisó que los acusados tenían acceso a diferentes tipos de vehículos para el transporte de dinero, narcóticos y armas de fuego. Estos vehículos serían utilizados por algunos de los acusados y sus co-conspiradores para tirotear a los miembros de pandillas rivales. Algunos de los acusados construyeron un arma “a mano” que era controlada de forma remota con un “beeper” con la intención de dispararle a los rivales y la Policía.

Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) está a cargo de la investigación, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico, especialmente el Strike Force de Ponce. La fiscal federal María L. Montañez Concepción está a cargo del caso. Si son declarados culpables los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

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