Director Ejecutivo del CRIM rechaza informe de Contralora

Logo_CRIMofic-281x3001SAN JUAN  – El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), licenciado Víctor Falcón Dávila, reaccionó en la noche del jueves, en torno a un Informe de Auditoría de la Oficina de la Contralora que le señala incumplimiento por parte de esta entidad con la Ley 71 de 2010, cuyo propósito era generar 223 millones de dólares en nuevos ingresos a los municipios y al Gobierno de Puerto Rico a través de la creación de un registro de propiedades inmuebles no tasadas, y sobre el alegado incumplimiento en el pago de una línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Previo a la aprobación de la Ley (71), el CRIM expuso su preocupación y oposición al entender que la base utilizada (Censo 2000) para establecer las propiedades que restaban por tasar era una errónea. Entre los factores se encontraba que el Censo del año 2000 incluía residenciales públicos, y no distinguía cuales de estas propiedades podían ser exoneradas (aproximadamente 60%). Según nuestros datos, a junio de 2010 había 940,154 propiedades tasadas, que al compararse con los números del Censo, la cifra pendiente de tasación serían 353,731. Al descontar las exoneradas, el CRIM tendría pendientes de tasación cerca 141,492 propiedades. Actualmente la Oficina de Servicios Operacionales está analizando los casos para emitir los recibos correspondientes. Próximamente se estarán evaluando los casos registrados para crear un plan de trabajo”, expresó El licenciado Falcón Dávila en un comunicado de prensa.

“Esta Ley se creó con la intención de allegar ingresos al Fondo General y para cuadrar los presupuestos del Gobierno Central de los años 2010-2011 y 2011-2012 con una supuesta proyección de $223 millones producto de la tasaciones de dicho registro; con una cantidad de propiedades no tasadas totalmente irreales”, añadió el director ejecutivo del CRIM.

Falcón Dávila sostuvo que tiene “evidencia de comunicaciones escritas enviadas por el presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces, Javier Jiménez Pérez, a quien fuera el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, donde expresaban sus preocupaciones e insatisfacción con la implementación de esta Ley tanto por los mecanismos administrativos que establecía y por los procesos de tasación y cobro”.

“La Junta de Gobierno llegó a plantear que esta Ley pretendía allegar el cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado al Gobierno Estatal y un quince por ciento (15%) destinado al repago de la deuda para su implantación, cuando los recaudos obtenidos de la contribución sobre la propiedad inmueble de por sí pertenecen a los municipios. En ese momento se planteó que esto podía significar una disminución en los ingresos de los municipios”, añadió Falcón Dávila.

El director ejecutivo de esta entidad municipal destacó que los pasados catorce años (14) el CRIM ha ido aumentado el número de propiedades tasadas. Al 30 de junio del 2014, las propiedades tasadas totalizaban alrededor de 1,264,000.

Mencionó que otro argumento presentado ante esta iniciativa legislativa era la oposición a la creación de un Comité Interagencial compuesto por el presidente del BGF, el secretario de Hacienda y el director ejecutivo del CRIM. Sostuvo que el entonces presidente de la Junta del Gobierno expresó que “este Comité tiene unas funciones específicas delegadas por esta Ley. Y es un comité totalmente independiente al CRIM y su única relación es que el Director Ejecutivo del CRIM pertenece al Comité, por disposición de la misma Ley, como sucede en muchas otras juntas de corporaciones públicas y otras entidades”.

Además señaló que “el CRIM no tiene ninguna autoridad sobre este Comité. La Ley no se la concedió, por lo que este Comité es el responsable de cumplir con la encomienda delegada por la Ley que lo creó”. Del informe también se desprende que “en aquel momento se opusieron a la creación del Comité ya que entendían que era una entidad paralela que realizaría las mismas funciones que el CRIM”.

Dijo que por otro lado, la tasación de propiedades resultaría onerosa ya que las tasaciones recaían en compañías privadas. El costo de cada tasación que realiza el CRIM tiene un costo promedio de 40 dólares. El costo de tasación privada fluctúa entre 350 a 500 dólares. “Antes y después de la aprobación de dicha Ley, se ha solicitado que se le permita al CRIM realizar las funciones de la Ley 71-2010, lo cual no ha sido permitido. El BGF fue facultado en Ley como el agente fiscal de este proyecto del cual el CRIM no tenía ni tiene control alguno”.

Sobre la línea de crédito, Falcón Dávila sostuvo que la Ley 71-2010 estableció que la fuente de repago del financiamiento provendría del “Fondo para el Registro y Tasación de las Propiedades Inmuebles no Tasadas y las Propiedades Comerciales e Industriales con Mejoras no Tasadas”. Este se supone se “nutrirá de las contribuciones económicas de los años económicos 2010-2011 y 2011-2012 proveniente del registro obligatorio de propiedades del CRIM. Dicho fondo no fue creado por lo que no se han registrado ingresos relacionados al Registro”.

Otro señalamiento fue la probabilidad de que no se pudiera cumplir con el repago de esta línea de crédito. “Era improbable que con el producto del cobro de estas contribuciones se pudiera cumplir con el repago de la deuda, ya que exclusivamente el quince por ciento (15%) de los cobros de los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 eran los destinados a estos fines” dijo el Director Ejecutivo del CRIM ya que de las contribuciones.

“Con esto se prueba que una vez más, el Gobierno Estatal intentó resolver sus problemas a costa de los ingresos municipales”, puntualizó.

La contralora Yesmín Valdivieso reveló el informe de auditoría DA-15-24 que señala pérdidas millonarias en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por supuestas irregularidades por bajo por ciento de propiedades registradas y por el incumplimiento con el pago de una línea de crédito.

“Examinamos una muestra de 45 tasaciones y revisiones realizadas del 8 de enero de 2010 al 25 de mayo de 2012. Nuestro examen reveló que las tasaciones se realizaron de 66 a 379 días consecutivos”, precisa el documento de 28 páginas.

Según Valdivieso, el informe notifica que la Ley 71 de 2010 para crear un registro de propiedades inmuebles no tasadas, conceder beneficios y exenciones contributivas entre otras cosas, debía haber generado 223 millones de dólares en nuevos ingresos para los municipios y el gobierno.

La auditoría detalla que durante el período establecido para el registro de las propiedades se registraron 31,004 propiedades. Esto equivale a un 5 por ciento de las potenciales 600,000 propiedades (1,400,000 – 800,000) que pudieron ser registradas mediante este proyecto.

Asimismo, indica que por el contrario al 3 de diciembre de 2012 sólo se habían tasado 89 propiedades de 600,000 aproximadamente y al 6 de junio de 2013 no se había completado la facturación de las 89 propiedades tasadas. Esta situación es significativa para la operación de la entidad y demuestra que al no cumplirse con la ley se dejaron de generar 223 millones de dólares.

Además, la auditoría comenta la posible pérdida de más de un millón de dólares por el incumplimiento en el pago de una línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al CRIM el 14 de marzo de 2011. Esta situación menoscaba la solidez del BGF y le priva de fondos que puede utilizar para atender otras necesidades operacionales.

Entretanto, la auditoría indica que “nuestro examen reveló que el CRIM no cuenta con reglamentación ni con procedimientos para el proceso de tasación, que especifiquen la cantidad máxima de días que debe tomar dicho proceso. En entrevistas efectuadas por nuestros auditores a personal del Área de Servicios Técnicos del CRIM y a los administradores de las oficinas regionales de San Juan/Guaynabo y Carolina, estos indicaron que, a su entender, el tiempo que toma el proceso de tasación puede extenderse de 30 a 60 días consecutivos”.

El otro hallazgo establece que hubo ausencia de documentos, formularios incompletos e inexistencia de expedientes de propiedad inmueble. El período auditado es del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2013.

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