Denuncian caos entre empleados públicos por falta de información sobre seguro de incapacidad

CamaraILogo3SAN JUAN  – El representante Ángel Peña Ramírez denunció el domingo que son constantes las quejas de los empleados públicos en relación a la desinformación e inaccesibilidad de la compañía seleccionada por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura para proveerles el tan importante seguro por incapacidad.

“A más de un año que se aprobó la mal llamada reforma de los sistemas de retiro del Gobierno, impera entre los servidores públicos un ambiente de desinformación al desconocer la forma en que la compañía seleccionada trabajará con las solicitudes de incapacidad e incluso se desconoce si esta compañía tiene oficinas en Puerto Rico donde puedan ser orientados. Ante este servidor, empleados públicos han expresado varias interrogantes relacionadas a como complementar los formularios médicos en caso de una solicitud de incapacidad, cual es el procedimiento de apelación al recibir una decisión adversa, si existe una variación entre los beneficios a los cuales tendrían derecho y el porciento a aportar y la cantidad de beneficio a que tienen derecho y el tiempo por el cual lo estarían recibiendo”, dijo el legislador estadista en un comunicado.

El representante por los municipios de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo indicó que radicó una resolución la cual ordena a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistema de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes, realizar una investigación expedita sobre los reclamos de “miles de trabajadores públicos”.

Sostuvo que según la Ley 3-2013, son los propios empleados públicos quienes aportarán para el pago de un seguro por incapacidad de acuerdo a la cantidad fijada en dólares o porcentaje de la retribución, que el Administrador del Sistema de Retiro, con la aprobación de la Junta, determine que son necesarias para proveer el beneficio por incapacidad.

“La determinación de si una persona esta parcial o total y permanentemente incapacitada será hecha por la compañía de seguros que emita la póliza de seguro cubriendo a la persona. Todos los participantes del Programa que sean empleados se acogerán al programa de beneficios por incapacidad en la manera y forma que establezca el Administrador. Según así autorizado por la propia Ley 3-2013, tenemos entendido que el Administrador del Sistema de Retiro, procedió a contratar a una compañía como única proveedora del seguro por incapacidad y por ende la única compañía beneficiaria de la aportación hecha por cada empleado público”, señaló.

Peña Ramírez dijo que supuestamente han sido “decenas” los servidores públicos, de todas las agencias y departamentos del gobierno, quienes lo han contactado para expresarle preocupación ante la falta de información y transparencia sobre la empresa que ahora maneja los seguros por incapacidad.

“Considerando la manera atropellada y desconsiderada con que se aprobó la Reforma del Sistema de Retiro, esta honorable Asamblea Legislativa, liderada por el Partido Popular Democrático, tiene la obligación Constitucional y moral de garantizar que los empleados públicos reciban los beneficios a los que tienen derecho en caso de una incapacidad y que por lo menos estos beneficios sean lo suficiente para cubrir sus gastos u obligaciones relacionadas a su incapacidad”, concluyó.

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