Conferencia Episcopal Puertorriqueña opuesta a la “ley de muerte digna”

logoCEP31EL CAPITOLIO  – El licenciado Ramón Antonio Guzmán compareció el miércoles ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a nombre de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, para expresar su oposición al Proyecto de la Cámara de Representantes 2258 para crear la “Ley de Muerte Digna para Pacientes con Enfermedades Terminales”.

“Como consideración de umbral, les comunico la oposición de los Obispos Católicos de Puerto Rico a la aprobación del Proyecto de la Cámara 2258”, dijo Guzmán que indica la ponencia de la entidad.

Indicó que a juicio de los obispos, la exposición de motivos del proyecto refleja varias contradicciones. “La primera contradicción reside en la afirmación de que, en Puerto Rico, ‘cientos de pacientes al año padecen de condiciones terminales producto de distintas enfermedades que resultan incurables e irreversibles con una probabilidad de vida de meses’. Asumamos que esta afirmación es verdadera. ¿Dónde y cuándo se han escuchado los reclamos de estos pacientes para adelantar su muerte? La realidad es que tales reclamos no existen, salvo en el proyecto, que es un trasplante jurídico de unas medidas que chocan con el aprecio que nuestro pueblo puertorriqueño prodiga a la vida y al orden natural”, expresó el licenciado en declaraciones escritas.

Por otro lado, como una segunda contradicción, destacó que por un lado se reconoce que los avances médicos han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes en una etapa terminal y por otro lado se favorezca la terminación de la vida.

“Otra contradicción reside en que el proyecto reconoce que el tema de la muerte ha tomado auge ‘como resultado de los avances médicos que han colaborado en mejorar la calidad de vida de las personas aún en una etapa terminal’. No cabe duda de que es una verdad inatacable que la ciencia médica cada vez obtiene más logros. Entonces, lo lógico sería que el legislador, fundamentándose en estos avances médicos, favorezca cada vez más, la prolongación de la vida y no la terminación de la misma. El proyecto propone, pues, una solución que contradice la realidad. La medicina y la ciencia en general avanzan en favor de la vida; el proyecto propone un retroceso hacia la muerte”, sostuvo.

Asimismo, Guzmán señaló que para los obispos, no hay justificación ni fundamentación alguna para la aprobación de esta ley. “Se afirma, sin demostrarlo, que la norma propuesta es la que existe en ‘muchos países’. No se presentan números que apoyen la afirmación de que ‘son muchos los casos’ en los cuales las personas ‘hubieran deseado una mejor calidad de vida en sus últimos días’. ¿Cuáles son esos muchos países? ¿Cuáles son esos muchos casos? No existen. Ni siquiera demuestra, con números reales, la acogida que haya podido recibir la legislación en los estados de Oregon, Vermont, Washington, Nuevo México y Montana. Se trata de una invención con el propósito de justificar una medida extraña a la cultura puertorriqueña”, expresó.

Entretanto, según Guzmán, en su ponencia los obispos expresaron su preocupación por los posibles efectos de la aprobación de esta medida.

“Nos preocupan los posibles efectos de la legislación propuesta. El primero de ellos es el de llamar ‘digna’ a la muerte. Con esta etiqueta, y con la insistencia en ella, puede sembrarse, en la mente de nuestra gente, que la muerte es una solución a los problemas y a los retos que nos presenta la vida. Peor todavía; es una manera de proporcionarle avances a propósitos escondidos. De ahí que el Arzobispo, en su homilía del pasado domingo, primero de la Cuaresma, expresara que ‘al igual que los individuos, también los gobiernos tienen que resistir a la tentación de… la mal llamada muerte digna que, aunque le ponen a esa expresión un nombre bonito… en realidad es una manera de descartar a seres humanos para evitar gastos económicos y de abandonarlos cuando más necesitan del amor, el cariño y el apoyo espiritual de sus seres queridos…’”, añadió el licenciado.

Según los obispos, “lo que más duele” del Proyecto de la Cámara 2258 es su disonancia con la historia y la cultura, pues los puertorriqueños han sabido, históricamente, apreciar, amar y defender la vida.

“Ya desde 1929, se suprimió, en nuestro ordenamiento, la pena de muerte. La constitución aprobada en 1952 proclamó la inexistencia de la pena de muerte. En 1974, cuando se aprobó un nuevo Código Penal, se suprimió incluso la ‘interdicción civil’, que era considerada una muerte jurídica de la persona, pues al ser condenado, perdía todos sus derechos civiles. En años recientes, aunque se ha intentado penar de muerte a algunos acusados en los tribunales de jurisdicción federal en Puerto Rico, no se ha conseguido una sola condena a la pena de muerte”, adujo.

“Puerto Rico vive unos momentos de gran angustia moral, económica y espiritual. Necesitamos mucha vida. Vida digna, no propuestas de una cultura de muerte. Necesitamos vivir con esperanza, con buenas proyecciones, con buenas intenciones, con buenas medidas para superar la pobreza del bolsillo y la pobreza del espíritu. Si algo no nos hace falta es el coquetearle a la muerte ni entrar precipitadamente en ella… El pueblo puertorriqueño, si algo tiene muy claro, es el valor de la vida individual y de la vida colectiva y que las familias que aceptan su enfermedad como parte de la vida, no mueren indignamente, como parece sugerir el proyecto. Demasiada angustia nos trae la criminalidad para que, en Puerto Rico se opte por una de las ramificaciones de la cultura de la muerte como se propone en este proyecto, con la mal llamada ‘muerte digna’”, concluyó.

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